La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley conocido como ‘Cárceles Productivas’, el cual ha generado polémica en algunos sectores debido a los beneficios que otorga a los presos.
Esta iniciativa, presentada por el senador Gustavo Moreno, establece que tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales deben implementar programas especiales de cárceles productivas, donde las personas privadas de la libertad puedan elaborar, confeccionar y producir bienes comerciales, así como alimentos y otros productos. Además, el proyecto propone beneficios para las empresas que contraten a estos individuos, quienes trabajarían desde el centro de reclusión.
“En los próximos días estaremos demandando por inconstitucionalidad, por trámite de forma, el Plan Nacional de Desarrollo. En el último debate, a medianoche, advertimos que el texto no fue publicado en la página virtual y los senadores no tuvimos acceso al mismo, conciliado 15 minutos después de haberse anunciado la sesión. Por eso ese Plan de Desarrollo tiene vicios de forma que advertimos en la plenaria del Senado y también congresistas de diferentes partidos lo dijeron en la Cámara de Representantes”, explicó el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático.
La senadora Paloma Valencia, colega de Ramírez, también presentará una denuncia, ya que tiene serias dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, especialmente en relación con los avalúos catastrales y comerciales.
Por su parte, el congresista Miguel Uribe también anunció acciones legales contra el Plan Nacional de Desarrollo.
“El Gobierno de Gustavo Petro se acostumbró a pupitrear las reformas y los proyectos en el Congreso para evitar la deliberación pública, el debate transparente, la profundidad en los temas y, especialmente, violar los derechos de la oposición. Así lo hicieron con la reforma tributaria, lo están haciendo con la reforma a la salud y lo lograron nuevamente con el Plan Nacional de Desarrollo. Es por eso que voy a presentar una acción de inconstitucionalidad para demostrar vicios de trámite y procedimiento ante la Corte Constitucional; pero especialmente el Estado de Derecho y el sector productivo, que hoy está en riesgo, con una norma completamente inconveniente, que busca que este gobierno se aferre al poder, poniendo en riesgo los recursos públicos y especialmente condenando a los colombianos a la pobreza, a la informalidad y al desempleo”, indicó.
Esta iniciativa establece que las personas privadas de la libertad tienen derecho a recibir un salario, tal como lo prevé la Constitución Política, ya que actualmente no se les permite. Además, los reclusos tienen el derecho de redimir su pena a través del trabajo que realicen en los programas de cárceles productivas.