La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial, en cuantía de 12 millones 160 mil dólares, que corresponden a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – Ciac S.A.
Para el organismo de control la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos.
Se trata de un hallazgo fiscal detectado en una Auditoría de Cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – Ciac S.A., para la adquisición de bienes y servicios, con el fin de cumplir la misión institucional, junto con los contratos y convenios celebrados y/o ejecutados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante la vigencia 2021.
Como resultado de esta auditoría se determinaron 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno (el antes referido) tiene presunta incidencia fiscal y los demás tienen carácter penal (1) y otras incidencias. Se obtuvieron, además, beneficios de auditoría por valor total de $157.961.731 y se determinó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio.
El hallazgo sobre la compra del avión tiene presunta connotación fiscal, posibles incidencias disciplinaria y penal y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión (en este caso con destino al Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).
La Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad dio traslado interno del hallazgo fiscal a la dependencia competente, que determinará si el mismo permite dar curso a un proceso ordinario de responsabilidad fiscal.