“Hago un llamado al Gobierno Nacional y a la Aerocivil a que generen medidas de apoyo para la contingencia que presentan algunas zonas del país, en donde el incremento de los tiquetes ha impactado fuertemente el turismo”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a propósito de la temporada de vacaciones que se avecina en Colombia.
“Es oportuno declarar ‘zonas especiales turísticas’ a Bahía Solano, Nuquí y Juradó en el Pacífico, como también a todos aquellos lugares de acogida para visitantes nacionales y extranjeros en todo el territorio nacional, con el fin de que agencias de viajes y empresas aéreas obtengan beneficios tributarios; así mismo, para que los viajeros resulten favorecidos”.
El cese de operaciones de dos de las aerolíneas de bajo costo en el país fue otro factor que llevó a las empresas aéreas a incrementar el valor de sus tiquetes, lo cual generó un desinterés en el uso de los servicios aeronáuticos.
El alza en los precios de los combustibles en todo el país ha causado un efecto adverso en las cifras del turismo. A partir del 1 de enero se reactivó el IVA del 19% para los pasajes de avión, luego de que, por dos años, se bajara a un 5% para aportar a la reactivación del sector turístico, tras la llegada del covid-19. Esta medida ha originado un aumento de entre el 30% al 40% en el valor de los pasajes aéreos. En la comparación entre enero del 2023 y diciembre del 2022 hubo un decrecimiento del 26% en las reservas de vuelos.
Carlos Camargo Assis señaló, además, que el incremento generalizado de la inflación, que, para citar el más reciente informe del Dane sobre el Índice de Precios al Consumidor, en abril fue del 12,82% en su variación anual, ha tenido efectos negativos sobre el turismo.
“El clamor de las poblaciones que viven del turismo, de los gremios turísticos y aeronáutico debe ser escuchado porque esperan que en la temporada de descanso de mitad de año se generen mejores condiciones. Con las ‘zonas especiales turísticas’, adicionalmente, habría un efecto favorable en los empleos directos e indirectos”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Su solicitud fue dirigida a los Ministerios de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a la Aeronáutica Civil y a la Superintendencia de Transporte, al igual que al Congreso de la República.
