Para este jueves 13 de julio a las 8:00 a.m. está programada la audiencia en la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos) leerá desde el Palacio de la Paz el fallo sobre la demanda que Nicaragua le interpuso a Colombia en 2013 por la disputa que ambas naciones sostienen sobre el mar.
A pocas horas de conocer a cuál de los dos países favorecerá el fallo, el presidente Gustavo Petro confirmó que estará en la isla de San Andrés para escuchar la lectura que hará la Corte.
“Estaremos en San Andrés y el objetivo con la cúpula militar es esperar las decisiones», anunció el mandatario colombiano durante la inauguración de la 11° Feria Internacional Aeronáutica y Espacial F-AIR, Colombia 2023, en Ríonegro, Antioquia.
Nicaragua alega tener una plataforma continental extendida que sobrepasa las 200 millas náuticas contadas desde su costa, por lo cual le pide al tribunal hacer una delimitación entre la plataforma que dice tener y la plataforma continental colombiana.
El 19 de noviembre de 2012, la CIJ falló a favor deNicaragua y le ordenó a Colombia cederle al país centroamericano cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de su soberanía en el mar Caribe.
La respuesta del entonces Gobierno de Juan Manuel Santos fue acatar la decisión, pero no aplicarla por el ordenamiento constitucional del país para el establecimiento marítimo y terrestre de sus fronteras (artículo 101, Constitución Política de Colombia de 1991).
Al año siguiente, Nicaragua presentó dos nuevas demandas contra Colombia ante la CIJ: la primera, pidiendo extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas (septiembre de 2013) y la segunda, reclamando por el supuesto incumplimiento del Gobierno colombiano del fallo de 2012 (noviembre de 2013). Por su parte, Santos anunció en noviembre de ese año que Colombia se retiraría de la jurisdicción del tribunal.
Solamente hasta el 21 de abril de 2022, la Corte leyó el fallo sobre las violaciones e incumplimiento de Colombia frente a la decisión de 2012.
Dijo que el Gobierno colombiano violó derechos de Nicaragua en el mar Caribe en materia de investigación científica y pesca e instó al país a dejar de interferir en la zona, además de hacer un llamado de atención a ambos gobiernos para que lleguen a un acuerdo bilateral sobre sus fronteras.
Lo que está en juego
Nicaragua pretende el lecho y el subsuelo marinos del área que resulte de la prolongación de su territorio continental. Allí se pueden encontrar reservorios depetróleo y gas.
No obstante, no está en riesgo la zona económica exclusiva de Colombia, que es el área donde el Estado puede administrar los recursos naturales, adelantar investigaciones científicas, pescar, entre otras actividades. El fallo sí implica un riesgo para el país porque la plataforma continental nicaragüense se extendería por debajo de la zona donde se desarrollan esas actividades.
El equipo jurídico que conformó el Gobierno de Gustavo Petro presentó ante la Corte argumentos jurídicos, institucionales y científicos para tratar de demostrar que Colombia ejerce soberanía sobre esa área del mar Caribe desde 1803 por Orden Real y que Nicaragua no tiene los argumentos consuetudinarios, jurídicos ni legales para extender su plataforma continental 200 millas sobre el mar Caribe.
Sin embargo, advierten que es difícil anticipar qué decidirá la Corte que estará centrada en resolver únicamente un aspecto jurídico del proceso.
Este fallo se conocerá siete meses después de que se desarrollaran las audiencias orales sobre el litigio, en donde los dos países respondieron a dos preguntas puntuales relacionadas con el derecho.
La primera pregunta fue si según el derecho internacional consuetudinario, el de un Estado a una plataforma continental que sobrepase las 200 millas náuticas de su costa puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.
La segunda pregunta fue si existen criterios en el derecho internacional consuetudinario para determinar el límite de la plataforma continental más allá de 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas con las que se mide la anchura del mar territorial.
El conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia se remonta al año 1928, cuando ambos países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la Costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al Gobierno de Managua, mientras que el Archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana.
