Impulsar los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspender los pilotos de fracking, conseguir la libertad de los detenidos por protestar o una moratoria minera son algunas de las medidas que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quiere impulsar en sus primeros 100 días de gobierno.
Así se extrae del informe final del proceso de «empalme» entre el equipo de Petro y el actual Ejecutivo de Iván Duque presentado hoy, donde se dan detalles de políticas públicas que el nuevo gobierno considera erróneas, otras que conservarán y propuestas para los cien primeros días.
De ese modo, el equipo de Petro, que asumirá este domingo 7 de agosto, cree que algunas políticas de Duque van en contra de puntos del acuerdo de paz como la erradicación forzada de cultivos, al promover la aspersión aérea con glifosato o cuando el riesgo para los líderes sociales lo evalúa Defensa y no un organismo civil.
También ve erróneas las políticas e iniciativas culturales de la economía naranja, una de las banderas de Duque, o los programas pilotos de fracking.
Medida en 100 días
En ese sentido, el futuro Gobierno de Petro, del que aún solo se conoce la mitad de los nombres que lo compondrán, quiere suspender los pilotos y proyectos de fracking e impulsar el Acuerdo de Escazú, el gran marco internacional de protección medioambiental.
También plantea una serie de medidas anticorrupción como el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia o cosas más simples como hacer públicas las agendas de los altos funcionarios del gobierno o un inventario de lobistas.
En materia energética, Petro, quien propuso durante campaña no otorgar nuevas licencias de exploración petrolera, ahora propone una moratoria minera, durante la que se revise «el cumplimiento de las obligaciones mineras, ambientales y económicas por parte de los actuales concesionarios», se revisen acuerdos y se diseñe un «nuevo modelo minero», con prohibiciones y restricciones ambientales.
El Ejecutivo también quiere medidas más concretas como la declaración de Patrimonio de Sierra Nevada de Santa Marta o un proyecto cinematográfico con Netflix que impulse territorios empobrecidos, así como considerar la condonación de deudas universitarias de al menos 4.500 jóvenes.
Para abordar la inseguridad creciente en los territorios, derivado del empoderamiento de grupos armados, el nuevo equipo de Gobierno propone un «plan de emergencia para la protección a la vida de los líderes sociales» y los diálogos con el ELN.
Por otro lado, cree positivo conservar programas sociales como uno de viviendas de Duque que atienden bajos ingresos en ciudades grandes y medias, otros para llevar tecnología a zonas rurales o el de matrícula cero en la educación superior hasta que «se consolida la política de educación superior pública y gratuita del nuevo Gobierno».
Finalmente, el nuevo Ejecutivo se propone ocho grandes reformas de leyes: la agraria, la tributaria, la de salud, la pensional, la transición energética, la del Código de Minas y dos educativas.
