JEP advierte que la violencia está amenazando con la reparación de las víctimas

La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– de Colombia advirtió que la violencia en el departamento de Nariño amenaza el futuro del Caso 2 que investiga la situación en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, así como obstaculiza la reparación de las víctimas.

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción alertó que «los derechos a la verdad y justicia de 105.213 víctimas acreditadas ante la JEP, en esa región del país, están en jaque» y subrayó que en «el pacífico nariñense hay una continua revictimización».

«Las pésimas condiciones de seguridad que se viven en esta región del país obstaculizan las labores de la JEP y la participación activa de las víctimas», denunció la JEP.

De acuerdo con el monitoreo de la UIA, en los tres municipios priorizados por la JEP hay una gran cantidad de grupos armados que se disputan el dominio de estas zonas y «utilizan las masacres como un elemento generador de miedo que les permita avanzar en sus tácticas de control social».

En ese mismo sentido, el organismo recordó que durante el fin de semana del pasado 21 de febrero fueron asesinadas en esta región 11 personas, con lo que el número de crímenes ocurridos desde el fin del conflicto con la antigua guerrilla de las Farc ascendió a 117.

«De acuerdo con la UIA, se trata de la masacre número 22 que se reporta en ese departamento del suroccidente del país desde 2016», advirtió la JEP.

Guerrillas, disidentes y paramilitares

Las masacres son solo uno de los múltiples tipos de violencia ejercida contra la comunidad principalmente por grupos disidentes como el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores y la Segunda Marquetalia.

De acuerdo a la JEP, además de la guerrilla del ELN, otra amenaza para los pobladores de esta región son las ‘Águilas Negras’, conocidas como herederas del paramilitarismo pero de las cuales nunca ha sido capturado un solo miembro.

«A pesar de que las autoridades han negado su existencia porque no tienen una estructura militar reconocida que combata contra la guerrilla o las fuerzas del Estado, un estudio realizado por la UIA revela que hay elementos empíricos sólidos para inferir que las amenazas y otro tipo de acciones intimidantes que se les endilga tienen un grado de coordinación y planeación», señaló.

Desde la firma en noviembre de 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc hasta el 21 de febrero de 2021, el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP documentó 164 masacres que ocurrieron en 25 departamentos y dejaron 663 muertos.