Las FARC reconocen que sí secuestraban personas durante el conflicto armado

Oficialmente los jefes del secretariado de las antiguas FARC reconocieron que la desaparecida organización guerrillera secuestraba personas durante el conflicto armado. Quienes fueron los comandantes del grupo subversivo finalmente admitieron ellos y sus subordinados cometieron este crimen de guerra ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Asumimos como dirección última que fuimos de las FARC-EP la responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de forma prolongada de civiles y de miembros de la fuerza pública”, dijo el exjefe de las FARC y actual senador del partido Comunes Julián Gallo, conocido en su época de guerrillero como ‘Carlos Antonio Lozada’.

Los acusados por estos hechos son Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera (fallecido), Pastor Alape y Rodrigo Granda.

De acuerdo a los propios excomandantes exguerrilleros, las FARC usaban el secuestro como herramienta durante la guerra, para ganar territorio, financiar sus operaciones y usar a los rehenes como fichas de intercambio.

«Estamos reconociendo que hubo una política por parte de las FARC en relación a lo que fueron los secuestros», alegó Gallo en una rueda de prensa donde explicó el documento que presentaron hoy a la JEP como respuesta al auto. «Reconocemos que se dieron situaciones que no debieron suceder, pero que efectivamente se presentaron», añadió.

Si bien el senador Gallo explicó que otros crímenes como la tortura, el abuso sexual y el maltrato físico no hacían parte del protocolo oficial de la guerrilla para el trato a los secuestrados, en la práctica estos comportamientos sí se cometieron en repetidas ocasiones.

Cabe mencionar que la JEP abrió el proceso contra los exintegrantes de la FARC por secuestros desde 2018. Desde entonces el tribunal transitorio estableció que de las 2.107 víctimas acreditadas, 394 son integrantes de la fuerza pública, y priorizó las «retenciones ilegales de personas por parte de las FARC, principalmente entre 1993 y 2012», investigación que abarca más de 9.000 hechos.