Procuraduría advierte que situación en Arauca requiere medidas de fondo especialmente en materia de seguridad

Decretada la calamidad pública en el departamento de Arauca tras la masiva llegada de migrantes venezolanos y connacionales a la región por cuenta de los enfrentamientos armados que se viven en la frontera, el Ministerio Público hizo un llamado a garantizar la atención humanitaria a las personas desplazadas, en especial las relacionadas con albergue, alimentación y salud.

Asimismo, pidió que se revisen medidas de fondo especialmente aquellas relacionadas con el tema de seguridad.

Lo anterior teniendo en cuenta que dichos desplazamientos se han realizado con ocasión de los enfrentamientos que han ocurrido en el vecino país y que han presionado el desplazamiento de cerca de 4.700 personas. 

En este sentido, la Procuraduría solicitará al Gobierno nacional que se acuda ante instancias internacionales con el fin de solicitar su participación, veeduría y acompañamiento en el sentido de garantizar que desde el vecino país se observen las normas del Derecho Internacional Humanitario que ponen de presente que por encima de cualquier enfrentamiento deben estar los derechos fundamentales de la población civil. 

Al respecto la Procuraduría General de la Nación considera que si bien son necesarias todas las medidas que se vienen tomando en relación con la situación en Arauca y entre las que se destacan la entrega de ayudas humanitarias a las familias necesitadas, las que incluyen mercados, kits de aseo, colchones, carpas, menajes de cocina y demás necesarios, para cumplir con la meta de atención, la realización de pruebas para identificar riesgos de contagio por Covid-19 y un censo que establezca cuantas de las personas desplazadas son connacionales y cuantas extranjeras; es necesario poner fin a los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para salvaguardar su vida, lo que implica un análisis profundo en materia de seguridad. 

«La situación que sufren los habitantes de Arauca tiene sus raices en el grave problema de seguridad que se está viviendo en la frontera, es un problema que debe seguir atendiendose de manera profunda e inmediata. Pienso que se requiere hacer un pare total de los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para poder salvaguardar sus vidas, siendo necesario hoy, no solo la participación y el trabajo del gobierno territorial y nacional sino también el de organismos internacionales”, afirmó la procuradora General Margarita Cabello.

De igual forma, destacó la decisión de declarar la calamidad pública por parte del Gobierno nacional y el apoyo que se ha recibido por parte de organizaciones como OIM y Acnur.