La Procuraduría General de la Nación insistió a los firmantes del Acuerdo de Paz, miembros de la fuerza pública y terceros civiles que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en cumplir con el compromiso que asumieron de entregar datos que permitan esclarecer con precisión la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado.
En el marco del Día Internacional de La Verdad y las Víctimas, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, aseguró que la verdad plena no puede ser un simple ejercicio de retórica para cumplir con una formalidad y recibir los beneficios de la justicia transicional.
Además, recordó que, durante este año, la Procuraduría ha emitido 154 conceptos individuales y 16 conceptos en macrocasos; ha intervenido en 107 audiencias y en 65 de prácticas de pruebas, siempre insistiendo en que el aporte de verdad sea exhaustivo para que haya una verdadera transformación.
Frente a versiones entregadas por comparecientes como los excomandantes del ejército, generales Mario Montoya y Eduardo Zapateiro, o más recientemente el de los exintegrantes del Fondo Ganadero de Córdoba, entre muchos otros, el Ministerio Público ha solicitado, como garante de los derechos de las víctimas, que se requieran nuevas comparecencias, individuales y colectivas, se contraste la información entregada en los diferentes macrocasos y se utilicen todas las herramientas establecidas por la justicia transicional para ir más allá en la reconstrucción de la verdad sobre los diferentes hechos violentos ocurridos en el conflicto armado.
“La Procuraduría también ha venido insistiendo a la JEP en la necesidad de abrir el macrocaso 11, dedicado exclusivamente a investigar y establecer la verdad plena sobre los delitos de violencia sexual y de género ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia, como una reivindicación de la verdad, con justicia y dignidad”, expresó el ente de control.
Por su parte, la procuradora general, Margarita Cabello aseguró que, “La apertura del macrocaso 11 no da más espera. Lo dijimos, lo reiteramos en 2022 ante el anuncio de priorización, y hoy insistimos en que la decisión sea tomada en el menor tiempo posible”.
En este aspecto el delegado Acosta recordó la urgente necesidad de que se profundicen en los aportes de verdad sobre las violencias cometidas a mujeres y población con orientación sexual diversa, independientemente de que sean población civil o hayan militado en las extintas Farc; también sobre delitos como el reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes; el secuestro, la tortura y los demás hechos victimizantes que hacen parte de la magistratura y, de la Procuraduría General de la Nación.