Luego que la Contraloría revelara un presunto detrimento patrimonial, en cuantía de 12 millones 160 mil dólares, que corresponden a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional.
Para el ente de control, la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido.
El hallazgo sobre la compra del avión tiene presunta connotación fiscal, posibles incidencias disciplinaria y penal y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión (en este caso con destino al Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).
El primer cuestionamiento de la Contraloría es que está en contravía del principio de economía consagrado en el Ley 80 de 1993 haber pactado a favor de la CIAC S.A. un porcentaje del 3% más IVA sobre el valor del Convenio Derivado No. 1, por concepto de recuperación de costos y gastos, el cual equivale a $7.140 millones, cuando a todas luces la institución policial tenía la competencia, facultades y condiciones técnicas para adelantar este proceso contractual, sin necesidad de este cargo adicional.
Para el órgano de control, la adquisición del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 no es congruente con uno de los objetivos del proyecto de inversión del que provienen los recursos para su adquisición. “Atender la demanda de patrullaje”, recalca la CGR. Y agrega: “En tal sentido, si la necesidad es transportar 50 policiales de manera simultánea a 10 lugares del territorio nacional, un avión ejecutivo tipo jet con capacidad de 13 pasajeros impide la atención de la necesidad en las condiciones planteadas por el Área de Aviación Policial”.