El proyecto final de la reforma a la salud, que se discutió en el Congreso el este lunes 24 de abril, incluye un artículo que le otorga mayor poder a la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud).
Este artículo permitiría al superintendente actuar con funciones de juez en casos donde se niegue a los usuarios algún servicio o procedimiento que ponga en peligro su salud.
Además, la SuperSalud estaría facultada para adelantar procesos de liquidación judicial de las empresas que controla y para intervenir en casos en los que los socios y accionistas incurran en actos defraudatorios.
El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, afirmó que el Gobierno busca acabar con la opacidad corporativa en casos en los que se ha evidenciado una fuga de recursos: «Esto ha sido cometido por los dueños de estas empresas que se han ido y que dejaron en muchos líos y dificultades a los prestadores de los servicios de salud».
Beltrán señala que el nuevo texto permitiría a la Superintendencia levantar el velo corporativo, especialmente en el caso de las EPS que han desviado fondos y que no han respetado los derechos de los usuarios a los servicios derivados de fondos públicos diseñados para protegerlos.
De esta manera, la entidad podría sancionar a los responsables de parte de la crisis del sistema, no solo a las entidades mismas.