Tribunal de Bogotá reduce condena a exrectora del colegio donde estudiaba Sergio Urrego

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la condena a Amanda Azucena Castillo, exrectora del colegio donde estudiaba Sergio Urrego, como responsables de los delitos de falsa denuncia en persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

La condena emitida por el juez 43 Penal de Conocimiento de Bogotá, principalmente era de 130 meses (10 años y ocho meses) de prisión, sin embargo, la magistrada le bajó la pena dos años y la fijó en 8 años y 8 meses de prisión y en una multa de 500 Smmv. Además, le dio el beneficio de prisión domiciliaria.

Tras conocerse la decisión, la Fiscalía y el apoderado de víctimas anunciaron que interpondrá el recurso extraordinario de casación con el que buscarán que la Corte Suprema de Justicia revise el caso y la condena.

Cabe mencionar que la Fiscalía evidenció que la procesada promovió denuncias contra el estudiante Sergio Urrego, por presunto acoso sexual, la cual fue interpuesta por los padres de uno de sus compañeros.

Está acreditado que estas personas fueron presionadas para presentar esta acción ante varias entidades, con el supuesto de que su hijo sería retirado del plantel si no lo hacían.

Además, la autopsia psicológica, el peritaje de la psiquiatra forense y otras evidencias, advirtieron que los detonantes de la muerte del estudiante de grado décimo, fueron la falsa denuncia en su contra y los continuos actos de discriminación por su orientación sexual, los cuales fueron expulsados por la entonces rectora.

También se constató que, luego del fallecimiento de Sergio Urrego, el 4 de agosto de 2014, Castillo Cortés ocultó actas y demás documentación que daba cuenta de la coacción que ejerció entre docentes, estudiantes y padres de familia para auspiciar el rechazo hacia el menor de edad.

Por este caso, la Fiscalía logró condenas de 26 y 35 meses de prisión para la psicóloga y la veedora del colegio, respectivamente. Las dos procesadas aceptaron su responsabilidad en los actos de discriminación.