Personero y concejales de Riohacha, a la espera de fallo favorable en segunda instancia

La destitución e inhabilitación por 11 años del personero de  Riohacha, Hugues Ariza Tatis, así como la suspensión de varios concejales de la capital guajira, ha despertado un sinnúmero de comentarios. La decisión tomada por la procuradora regional, Itala Pedrazzini Losada, ha recibido diversos calificativos por parte de personalidades guajiras.
Uno de los primeros que se pronunció al respecto fue el exconcejal Reginaldo Deluque, quien aseveró que presentó la denuncia “porque vi que cometieron esa irregularidad”. Asimismo, calificó como positiva la decisión de la procuradora, ya que “fue en derecho, independientemente que mañana se deba estudiar el fallo porque fue extensivo y me corresponda seguir aportando pruebas para demostrar la culpabilidad de los concejales”. 
Otro que dio a conocer su punto de vista fue Hugues Ariza Tatis, quien aseguró que si bien respeta la determinación, no la comparte y que en segunda instancia espera que pueda ser revertida. 
 “Nosotros vamos a hacer el uso que nos corresponde dentro del marco legal, que es el recurso de apelación, y sustentaremos nuevamente nuestra tesis jurídica, reafirmando lo que siempre hemos venido manifestando en cuanto a la no existencia de una inhabilidad y reforzar nuestra postura para esclarecer este tema y se pueda cambiar el sentido del mismo”, aseveró Ariza Tatis a Diario del Norte. 
Por su parte, el concejal Ever Quintana –quien fue imposibilitado para ocupar cargos públicos por 10 años– dijo que a pesar que el fallo no fue favorable, espera que en la segunda instancia se tengan en cuenta las pruebas que se aportaron y se tome una decisión en derecho. 
“No comparto, en ninguno de sus apartes, esta decisión. Me encuentro tranquilo, porque gracias a Dios existe una segunda instancia donde se verá con cabeza fría todo este tema y se estudiarán todas las pruebas del caso”, dijo Quintana a los micrófonos del Noticiero Cardenal de La Guajira. 
Asimismo, recalcó que la denuncia realizada por Reginaldo Deluque tenía otros intereses, puesto que “él es la persona que le sigue a Pablo Fonseca en la lista y estaba buscando una inhabilidad a los 10 concejales para entrar al Concejo”. 
Quintana también expuso que tuvo conocimiento de un chantaje económico que Deluque habría realizado para no interponer la querella, por lo que “entonces no quiera pasar como buen samaritano al decirle a la opinión pública que interpuso la queja porque encontró irregularidades. Él a mi no me exigió dinero, pero eso es lo que andaban diciendo”. 
Asimismo, el concejal Aloima Miranda dio a conocer su sorpresa por la decisión tomada por el ente de control, debido a que no se tuvieron en cuenta varios elementos claves dentro del proceso de elección del personero del Distrito de Riohacha.
“Para mí, esta decisión es un falso positivo. Este concurso se realizó por la orden de un juez de la República, quien pidió la repetición del proceso. Se le olvidó a la Procuraduría que el concurso no se inició con la resolución 031, sino que empezó en el 2015 con la resolución 016, siendo un proceso integral”, aseveró Miranda, quien para la época de los hechos se desempeñaba como presidente de la mesa directiva del Concejo y recibió una sanción de nueve meses. 
También se mostró en desacuerdo con la inhabilidad impuesta contra Ever Quintana, Jhon Freddy Benjumea y Silvana Ibarra, puesto que “la Universidad de Cartagena era la responsable de estudiar los antecedentes y las hojas de vida. Esa etapa no fue responsabilidad de ellos”. 
Por su parte, el concejal Yeiner Osorio, sancionado con ocho meses de inhabilidad, dijo que no se sorprende por la decisión, pero que apelarán para demostrar su inocencia y así poder seguir trabajando por la comunidad que respaldó su proyecto político en las urnas.
Posición de los abogados
Uno de los defensores de los cabildantes, el jurista Janer Pérez, acotó que era un fallo que se esperaba, puesto que era uno de los posibles resultados. Resaltó, además, que es contradictorio porque se sanciona a personas que no tienen antecedentes, a quienes “se les mide con el mismo racel de otros que pudieran tener un antecedente previo”. 
Recalcó que apelarán la decisión del ente de control, donde esperan “tener un cambio total y radical, ya que parece un fallo para alegrar a la comunidad riohachera, porque ven a La Guajira como un foco de corrupción, cuando esta elección no tiene nada que ver, fue un tema hecho por la Universidad de Cartagena y la procuradora no tuvo en cuenta esto a la hora de decidir”. 
Finalmente, Álvaro Alario Montero, quien actuó como apoderado de Silvina Ibarra, comentó que se encontraba “sorprendido”, puesto que es una decisión “sin una motivación eminente y alejada de todo contexto jurídico. No podemos entender cómo se juzga de forma diferente a todos los concejales cuando la situación es la misma”.