La Corte Constitucional tumbó el decreto que le permitía a la Policía ingresar a las viviendas sin orden judicial para desconectar cualquier dispositivo que genere ruido y que perturbe la tranquilidad a los vecinos.
Esta decisión se tomó tras la demanda al artículo de la Policía que pregonaba que la autoridad podía desactivar temporalmente la fuente de ruido de un bien inmueble, y se enmarca dentro de la atribución que les fue concedida a las autoridades de la Policía.
«Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generan molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo». Así dictamina el artículo 33 del Código de la Policía Nacional.
Sin embargo se argumentaba que con dicha instrucción quedaba a discreción de la fuerza pública la transgresión de derechos a la intimidad personal, a la familia o a la inviolabilidad del domicilio, es decir, que los uniformados podían entrar a los inmuebles a apagar un equipo de sonido o aparato similar.
Cabe resaltar que, el alto tribunal aseguró que el derecho a la intimidad no puede ser violado, por lo cual, la Policía solo podría apagar los dispositivos de sonido si este se encuentra fuera del domicilio; y además las autoridades deben respetar y seguir dicho proceso, por lo que anteriormente deben tener una verificación para determinar si efectivamente están perturbando la tranquilidad y convivencia de los vecinos.