Presidente Duque designa a Luis Fernando Vélez gobernador encargado de Antioquia

El presidente Iván Duque designó en las últimas horas como gobernador encargado de Antioquia a Luis Fernando Suárez Vélez, actual secretario de Gobierno del departamento.

La decisión obedece a las facultades legales que tiene el mandatario de Colombia, una vez la Fiscalía General de la Nación dictaminara orden de captura  contra el gobernador en ejercicio de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por irregularidades en un contrato que suscribió en 2005 durante su primer mandato.

Luis Fernando Suárez Vélez es odontólogo de profesión y cuenta con 28 años de experiencia en el sector público. Ha trabajado en la Alcaldía de Medellín,  como gerente del Hospital Mental de Antoquia y director de Seguridad Social de la dirección seccional de Salud departamental.

Suárez ejercerá las funciones de Gaviria Correa hasta cuando el movimiento por firmas que avaló su elección elija una terna y escoja a quien lo reemplazará en la Gobernación de Antioquia.

El lío del gobernador Gaviria

La Fiscalía General ordenó ayer la privación de la libertad contra Aníbal Gaviria Correa y su suspensión del cargo. Una vez sea escuchado en indagatoria y al resolverse su situación jurídica, se procederá a imponer la medida de aseguramiento. Posteriormente, el funcionario instructor deberá decidir si lo convoca a juicio mediante una resolución de acusación o si, por el contrario, decreta la preclusión de la investigación en su favor.

Los señalamientos tienen que ver con presuntas irregularidades en la firma de un contrato en 2005 durante su primer periodo como gobernador de los antioqueños entre 2004 y 2007.

Los elementos probatorios obtenidos por el ente acusador dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz en el tramo La Cruzada – Caucasia, suscrito por un valor superior a $41.663 millones.

De acuerdo a la Fiscalía, se pactó inicialmente un anticipo de 25% y luego se amplió 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Según la Fiscalía, esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.

El gobernador “incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”, dice el comunicado firmado por el fiscal Francisco Barbosa.