Aclarada situación que señalaba a tres personas como presuntos miembros de la guerrilla del ELN

Totalmente aclarada quedó la situación jurídica de tres personas, entre ellas dos mujeres, que fueron sometidas al escarnio público por parte de las autoridades al vincularlas a una organización delictiva.

Los hechos se remontan a la primera semana de enero cuando agentes de la Sijín y la Fiscalía capturaron a tres personas en una diligencia de registro y allanamiento en el barrio José Antonio Galán de Riohacha.

Sin embargo, en el proceso judicial las dos femeninas quedaron en libertad y de acuerdo a su abogado defensor, ni siquiera les imputaron cargos.

No obstante, para el jurista y las personas involucradas en el proceso judicial causó mucha preocupación que las autoridades quisieran vincularlos con alguna organización delictiva en La Guajira, cuando “esto no se tipificó por parte del ente acusador en la continuación del procedimiento judicial”.

Laiving Damián Mejía Arias, abogado y experto en este tipo de procedimientos, entregó detalles del caso.

“Tres personas habitaban el inmueble, la cónyuge de Asdrúbal Segundo Posada Almazo y su hermana. Los tres fueron dirigidos a la URI donde se emprendió la indagación preliminar. Entre las pesquisas la Fiscalía infirió que las dos femeninas no tenían comportamiento o comprometimiento penal en los hechos materia de allanamiento, tanto así que no tuvieron incidencia en la audiencia de imputación, se les otorgó libertad una vez se legalizó el procedimiento de captura, ellas no fueron imputadas. Y en la imputación de cargos sólo se habló del delito de porte ilegal de armas de fuego, tenemos el audio de las audiencias y el acta que así se confirma”, dijo.

Laiving Damián Mejía Arias, abogado defensor.

 

Asimismo, aclaró que “en ningún momento se nombraron las siglas ELN dentro de las audiencias, ni siquiera del tema probatorio que se me dio traslado en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. No hay elementos materiales probatorios que permitan confirmar que nos encontramos ante un delito de rebelión, de concierto para delinquir, sino por el contrario, hay un mero delito de porte de arma de fuego que está siendo investigado por las autoridades”, afirmó el abogado.

El jurista fue enfático al decir: “mientras nos encontrábamos dentro del proceso, nos dimos cuenta de las noticias por medios de comunicación donde los tildan de supuestos miembros del ELN y quienes conocen a la familia Almazo saben que ellos no hacen parte de ningún grupo delincuencial”.

“Los prejuicios han sido incalculables a estas personas, principalmente a estas dos mujeres, que son estudiantes de la Universidad de La Guajira, se dedican a estudiar, incluso para Asdrúbal, es una persona criada y formada de los usos y costumbres wayuú.

Es público que tienen una guerra en el municipio de Uribia, por eso se vienen desplazando, tenemos soporte de eso, la Fiscalía sabe de la medida de protección por la guerra que se suscita desde hace muchos años”, apuntó el jurista.

Mejía Arias sostuvo, además, que en el caso de Asdrúbal Segundo Posada Almazo, “todos saben que esas armas eran para su protección, para la protección de su resguardo, es un delito que ha admitido, él lo hacía con el fin de protegerse, no con fines delincuenciales y tampoco que haga parte de organizaciones delincuenciales. Un tío que falleció fue la persona que les cedió esas armas para que él siguiera tomando las riendas de la protección de la familia, dado los innumerables atentados que han padecido. De eso están al tanto la Fiscalía, la Alcaldía de Uribia, la Defensoría del Pueblo, es un hecho notorio que estas personas se encuentran dentro de un conflicto interclanil”, agregó.

Además, comentó que ahora en el proceso de Posada Almazo este no aceptó los cargos, porque “en términos de la rebaja de pena le es más favorable aceptar la responsabilidad en un preacuerdo con la Fiscalía”.

“Él no ha evadido la responsabilidad, él reconoce que es el dueño de esas armas de fuego y así lo dejó ver en su interrogatorio y en el acta del preacuerdo”, dijo.

Asdrubal Segundo Posada Almazo es hijo de la reconocida mujer wayuú Policarpa Almazo Acosta, autoridad del resguardo indígena Jememash, en jurisdicción de Uribia.