Trece estaciones bomberiles de igual número de municipios guajiros, paralizaron sus actividades este lunes 27 de febrero, para exigir a las alcaldías el cumplimiento de los mandatos de la Ley 1575, que obliga a los entes territoriales a contratar la prestación del servicio para atender las emergencias por cualquier tipo de catástrofe.
La protesta se inició en Urumita, de donde salieron las máquinas y sus respectivas unidades bomberiles, para hacer sonar sus sirenas, exigiendo a los alcaldes la firma y legalización de sus contratos.
Voceros de los organismos de socorro alertan que en estos momentos en La Guajira se vienen presentado diariamente incendios forestales, siendo uno de los departamentos de mayor vulnerabilidad en todo el país, debido a la existencia de bosque seco tropical, cuyos árboles son más fáciles y susceptibles al fuego.
El único municipio que no participó fue La Jagua del Pilar, cuya entidad no ha sido debidamente conformada; y Dibulla, en donde su comandante no asistió a la reunión del pasado 22 de febrero realizada en Albania, en donde se acordó realizar la jornada departamental de protesta.
Los comandantes de las Estaciones de Bomberos de La Guajira extendieron una misiva a la nueva gobernadora de La Guajira, Diala Wilches, en la cual solicitan mayor apoyo y beneficios a los que tienen derechos según la Ley 1575.
Entre las peticiones se encuentran tener seguridad social, contar con mejores equipos para la atención de emergencias presentadas por incendios forestales, equipos para la atención de emergencia con materiales peligrosos, equipos de protección personal completo e insumos para la atención de incendios.
La construcción de estaciones para los municipios de La Guajira y que los Bomberos tengan una buena seguridad social y cotización por alto riesgo, tal como lo indica la Ley que los ampara.
También solicitan beneficios en las matrículas y créditos, de acuerdo con lo establecido en sus reglamentos internos y acceder de forma prioritaria a los subsidios de vivienda o programas de vivienda de interés social; y, además, ser afiliados al régimen subsidiado en salud de forma prioritaria.