Luego de la masacre ocurrida en el sector de Jiitkat, zona rural de Maicao, en la que perdieron la vida Ezequiel Epieyú, Felipe Epieyú y otro ciudadano venezolano, José Silva, miembro de la ONG Nación Wayuú, en entrevista con los periodistas de Diario del Norte-Cardenal Noticias, se refirió al tema.
“Los hechos ocurridos en la comunidad de Jiitkat fueron muy lamentables, donde se presentó una incursión armada y asesinaron a tres miembros que se encontraban adelantando labores de mantenimiento en el cementerio ancestral”, afirmó.
Asimismo, señaló que estos casos se han recrudecido en los territorios indígenas wayuú debido a muchas diferencias que se vienen presentando entre las familias de la etnia.
Por otra parte, comentó que estos enfrentamientos en los últimos años se deben a “la injerencia de programas estatales en los territorios indígenas, tales como el Sistema General de Participaciones, en donde las comunidades tienen derecho a pedir un recurso anual. De manera arbitraria muchas empresas han levantado sus proyectos en estos territorios y no están respetando el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos, y precisamente esto es lo que ha venido dividiendo a las familias wayuú”.
Dijo que después de los hechos, en estos momentos se está presentando un desplazamiento forzoso de los miembros de la comunidad por temor a posibles retaliaciones o ser atacados.
“Miembros de la comunidad nos llamaron preocupados, solicitando presencia del Estado colombiano, Gobernación, Asuntos Indígenas, Defensoría del Pueblo, para ellos poder reestablecerse en otro lugar porque ya no se sienten seguros en ese espacio territorial. No podemos abandonar a estas comunidades a su suerte, a que sigan siendo masacrados”, señaló José Silva, miembro de la comisión de derechos humanos de las autoridades tradicionales de la comunidad indígena wayuú en la Alta Guajira.
Al consultarlo sobre los programas que se adelantan en las tierras de los wayuú, precisó que a estos ya no se les pueden llamar “oportunidades”, sino que se han convertido en una “amenaza latente”.
“La mala aplicación del derecho fundamental, del derecho libre e informado, no se está realizando de la debida forma. En estos momentos hay un caso muy latente en el amplio territorio de la Alta Guajira, en la zona norte extrema, en donde dos familias vienen denunciando divisiones en su territorio por parte de una empresa. Ya hay amenazas de muerte, se han sacado armas y los familiares están llegando a Uribia a pedir auxilio”, acotó.
Recalcó que en Maicao también hay una situación similar por una empresa de energía alternativa. “Ingresó al territorio manipulando y engañando a las comunidades y por ello asesinaron el año pasado a tres miembros de una comunidad”.
Para más ampliación puede escuchar la entrevista completa.
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