Fiscalía imputó cargos a empleados de una IPS dedicada a la atención de wayuú, por presunta apropiación de recursos

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Julio César Castillo, gerente financiero de una Institución Prestadora de Salud (IPS) dedicada a la atención de la comunidad wayuú; y Juan Carlos de la Cruz Ortiz, revisor fiscal y contador de la entidad, por presuntas irregularidades en contratación.

Se conoció que los hechos están relacionados con un contrato suscrito en junio de 2015 con la Alcaldía de Manaure, cuyo valor ascendió a 8.000 millones de pesos y el plazo de ejecución se pactó en cinco meses. Es de mencionar que parte de los recursos provenían de regalías.

Asimismo, trascendió que el citado contrato tenía por objeto la recuperación nutricional de 2.000 familias wayuú (8.182 personas) en estado de vulnerabilidad, que debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del Fenómeno de El Niño.

La Fiscalía informó que el material de prueba da cuenta de que los hoy procesados habrían desconocido los principios de planeación, trasparencia y economía; y, al parecer, se apropiaron de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos. Adicionalmente, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato.

Por su parte, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados.

De igual manera, en el curso de las audiencias concentradas, la Fiscalía expuso otras aparentes inconsistencias como: Julio César Castillo, gerente financiero de la IPS, habría girado, endosado y cobrado para sí mismo cheques por valor de $3.000 millones; 900 millones de pesos destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%.

Además, el agua potable no fue entregada en botellones o envases plásticos, se hizo a través de carro tanques; de los 8.000 beneficiados definidos, hay registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto.

También se reportó la contratación de 127 personas para la ejecución del contrato; sin embargo, muchos de estos contratistas hicieron trabajos esporádicos que fueron facturados por cifras superiores a $58’000.000.

El ente acusador señaló que en los registros figuran visitas a dos o tres comunidades en un mismo día, algo imposible de cumplir, teniendo en cuenta las distancias de 5 a 6 horas entre los pueblos wayuú.

Por último, precisó que se facturaron los servicios de traductores de lengua wayuúnaiki. Esta labor la realizaron conductores, vacunadoras o auxiliares de enfermería.