Juzgado obliga a Sociedad Médica Clínica Riohacha a entregar bienes al secuestre

El inspector de Policía en Riohacha, José Barragán, se pronunció sobre unas declaraciones que entregaron personas que están en medio de un litigio por los bienes inmuebles de la Clínica Riohacha.

Para José Barragán, inspector de Policía de Riohacha, su dependencia no tiene incidencia en el proceso y solo cumplen un proceso de acompañamiento. 

“El papel de la Inspección de Policía es netamente de acompañamiento policivo, porque el secuestre mediante correo electrónico dirigido al alcalde  solicitó acompañamiento policivo. El jefe de la oficina jurídica remite a la inspección y nosotros en nuestra función y facultades legales para cumplir el requerimiento judicial en el cual está plasmado en la parte resolutiva en el artículo primero donde manifiesta que se le tiene que restituir el inmueble al secuestre, es un litigio que vino desde las partes y donde no tiene que ver la Alcaldía y nosotros como Inspección de Policía hacemos el acompañamiento al secuestre para que sea materializada dicha orden judicial”, dijo José Barragán, inspector de Policía en Riohacha y quien depende de la Secretaría de Gobierno de Riohacha.

De igual manera, indicó que los terceros en medio del litigio están tergiversando la información, pues tienen actas que comprueban que vienen realizando acompañamiento en la diligencia de restitución de los inmuebles embargados, objetos de la medida cautelar en la clínica Riohacha.

“Preocupante de los terceros interesados a tergiversar la información donde indicaron que en dicha clínica se iba a suspender el servicio, de hecho el Ministerio Público ha estado en el proceso, quedó plasmado en actas, en ningún momento la providencia judicial dice que se va a suspender el servicio sino que se va a restituir los inmuebles embargados, objeto de medida cautelar. Hay que hacer la salvedad”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la rama ejecutiva no puede obstaculizar una orden judicial proveniente de un juez de la república.

“El juzgado competente en cumplimiento de su deber legal fue respetuoso de todas las actuaciones procesales, no sé cuál es la intención de los terceros, el alcalde no le diera cumplimiento al deber legal y en Colombia hay separación de las ramas del poder público y cada rama tiene sus competencias; la rama ejecutiva no puede oponerse ni puede obstaculizar una orden judicial proveniente de un juez de la República, son conceptos básicos que se deben tener claros en materia de derecho”, reveló el Inspector de Policía de Riohacha.

En dichas inspecciones se comprobó que no hay servicio en la clínica Riohacha.

Además, comentó que en dichas inspecciones ha comprobado que no hay servicio en la clínica Riohacha, contrario a lo que dijeron los terceros en mención que supuestamente sí hay servicio.

“La inspección de Policía, además del Ministerio Público y los funcionarios, donde recorrimos la clínica Riohacha y mediante videos y fotos, no había un solo paciente en UCI, no hay servicio de pediatría, no hay servicio de hospitalización, los últimos pisos del área administrativa y del inmueble están en obra negra. Nos llamó la atención que los aparatos para prestar el servicio de urgencias están sin utilizarse, es preocupante que teniendo estos elementos, donde muchos pacientes en La Guajira y en Riohacha mueren por no haber camas y UCI, no se les esté dando uso, todo porque no los dejan funcionar. Cualquier profesional de la salud sabe que estos aparatos pueden terminar siendo obsoletos por no utilizarse. Eso fue lo que se pudo palpar en la inspección a la clínica Riohacha”, añadió.

Por su parte, Alder Jesús Alarcón Fonseca, defensor del secuestre Óscar Fuentes Liñán en el proceso ejecutivo de mayor cuantía que mediante apoderado adelantaba inicialmente Bancolombia contra la Sociedad Médica Clínica Riohacha y hoy Nueva Clínica Riohacha S.A.S, indicó que “este inmueble se encuentra embargado y secuestrado en dicho proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, los tres inmuebles se encuentran ubicados en el perímetro de Riohacha”.

Así mismo, dijo: “Estos inmuebles son de la demandada, Sociedad Médica Clínica Riohacha, no tienen disposición sobre los mismos puestos que desde el año 2016 fueron entregados al señor secuestre antes mencionado, Fuentes Liñán. Estos bienes les fueron dejados en depósito por el secuestre el día de la diligencia que fue llevada a cabo por comisión por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Riohacha, los recibió en depósito la doctora Marta Guarín Mejía que para entonces fungía como apoderada de la entidad demandada, se les desglosa estos inmuebles, incluso están hipotecados a favor de Bancolombia demandante original, pero se tiene que el juzgado del conocimiento primero civil del circuito de esta ciudad le revocó a la doctora Marta Guarín Mejía su calidad de depositaria por petición del secuestre que no estaba rindiendo las cuentas que señala la ley, estaba incumpliendo la situación”.

Igualmente, precisó que este auto de revocatoria se interpuso en recurso de reposición en contra de esa decisión que retornaran esos bienes al secuestre “es quien tiene la obligación de acuerdo con el artículo 52 del código general del proceso de entregarle al rematante los bienes secuestros en caso que se fueran a rematar, incluso, si desvía el proceso por pago o por otra causa deben retornar a la entidad demandada pero no tiene facultad de exposición”.

Por otra parte, recalcó que “el secuestre es un auxiliar de la justicia debidamente inscrito con todos sus requisitos en la lista correspondiente para secuestre, se le agrega que cumplió con su obligación de prestar su caución vigente para responder por los bienes, como el Juez primero civil del circuito de legalidad del acto acción tiene que prevenir que la concesionaria está por cuenta de depositaria, la doctora Marta Guarín, que actuaba en nombre de la Sociedad Médica Clínica Riohacha no tenía facultad para hacer concesión a sabiendas que el bien estaba afuera del converso y quien lo administra es el secuestre. Se presentaría un grave problema si se le dejara un tercero cuando sea rematado, ya que el rematante no tendría acceso y se presentaría situaciones de oposición. En conclusión, como el señor Fuentes Liñán nos solicitó al juzgado que se retomara su administración de los bienes, es deber de la autoridad policiva, en este caso el inspector de Policía o el alcalde, prestarle el auxilio, puesto que él no actúa a nombre del demandante o del demandado, sino que actúa a nombre de la justicia. Por eso la Policía debe brindar ese respaldo, por lo tanto es de mala fe que la depositaria no enfrente la situación como es y hay un fraude a una resolución judicial”.