12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena: fecha en que se inició el sometimiento y exterminio sistemático de los pueblos en América

Este mes se conmemoran 528 años del día del encuentro de dos mundos. En la historia oficial se reconoce como el Descubrimiento de América y en muchos países latinoamericanos se le ha denominado como el Día de la Raza. 

Es una fecha en que se resalta la llegada de Cristóbal Colón a nuestro fructífero continente habitado por cientos de pueblos indígenas que se asentaban en un territorio natural compuesto de costas, bosques, valles y extensas cordilleras. 

Aunque el eje central de esta conmemoración, es el encuentro entre dos culturas y el intercambio de saberes, muchos están en desacuerdo, pues afirman que a partir de ese momento, se da comienzo al exterminio sistemático de los pueblos ancestrales.

En esa medida no existen motivaciones para  ‘celebrar’. De a poco y al interior de las etnias, esta fecha se va transformando en ‘El día de la dignidad y la resistencia de los pueblos indígenas’.

En La Guajira, paciencia, resistencia y persistencia, son tres características propias que han tenido los pueblos indígenas históricamente afectados por innumerables padecimientos y la vulneración de sus derechos, en un departamento que presenta continuas debilidades institucionales, volatilidades en su gobernanza y que aún está en mora de solucionar el estado de cosas inconstitucional, brindar equidad, justicia y progresivas oportunidades a los indígenas, como se ordena en la Sentencia T 302 del 2017.

El 12 de octubre es una fecha emblemática, referente para el análisis y la reflexión de lo que ha pasado y hacia dónde vamos como sociedad regional. La muerte permanente de niños menores de 5 años a causa prevenibles y asociadas a la desnutrición; la crisis financiera y administrativa que obliga al Gobierno Departamental acogerse a la Ley 550 de 1999 o ley de reestructuración de pasivos para intentar sanear las finanzas y darle un nuevo orden a la gestión territorial, hacen parte de la agenda de dificultades que tiene el Departamento en el actual contexto.

A este se le suma el paro de los trabajadores de la  empresa Cerrejón,  que ven con recelo  la implementación de un nuevo turno laboral,  lo que obligó a un cese de actividades,  impactando de manera directa la economía regional.

Como lo asegura  Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, en entrevista con el periodista  Ramón Jimeno: “Para nadie es un secreto que el 45% del producto interno bruto  de la región es el dinero que circula  fruto del salario de los trabajadores del Cerrejón”. También afirma que  “aún se ve lejana la posibilidad de una negociación, si no se respeta y cumple el pliego de peticiones de los trabajadores, entre sus puntos,  impedir el despido masivo de más de dos mil empleados”.

Llamado de la ONU

Otro  punto en la desesperanzadora agenda social, económica y ambiental de La Guajira, es el  golpe reputacional sufrido por la empresa  Cerrejón, la que se encuentra a  14 años del vencimiento del título minero y su posible salida del territorio.

Se trata de la solicitud formal que hace la Organización de las Naciones Unidas –ONU– en cabeza del Relator encargado de medio ambiente y derechos humanos David Boyd, quien ratifica el pronunciamiento de la Corte Constitucional, realizado a principios de año, sobre la afectación que la empresa ha generado al aire, suelo, vegetación y ríos durante los años de extracción carbonífera en la región.

“Las comunidades indígenas y en especial el pueblo wayuú, han padecido afectaciones en muchos aspectos y esto ha desencadenado enfermedades como asma, afectaciones pulmonares e incluso cáncer”, afirma Boyd, quien cita la solicitud hecha por las mismas comunidades wayuú ante la Corte Constitucional y que la empresa minera busca responder de manera acelerada, presentando el trabajo de responsabilidad social que han desarrollado por años con las comunidades indígenas.

“Lo que pasa es que las comunidades están despertando y se están dando cuenta que tienen derechos y que esos derechos, han sido violados sistemáticamente”, afirma Greysi Solano, directora del departamento de la Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT–.  “Antes, cualquier empresa que entraba al terreno de La Guajira, negociaba con autoridades que no tenían conocimiento; pero ahora nos estamos preparando, tenemos gente capacitada que puede exigir sus derechos y por eso es la movilización que estamos gestando y que se realizará el próximo 9 de octubre en los municipios de Barrancas, San Juan del Cesar, Villanueva, Riohacha  y que hemos llamado ‘La gran marcha por la dignidad guajira’,  que busca entre muchas cosas,  visibilizar el estado de cosas inconstitucional con las que vive el Departamento”.

Lucha contra impunidad

Por su parte, el Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep– junto a diferentes organizaciones como Cajar, Censat, comunidades wayuú, afro campesinas de La Guajira y organizaciones locales, están convocando durante el mes de octubre a diálogos virtuales, acciones culturales y diferentes tipos de actividades, tanto nacionales como internacionales, para posicionar este mes, como el de la lucha contra la impunidad socio ambiental.

“Queremos hacer visible el daño a la naturaleza, los daños sociales y la vulneración de derechos humanos por parte de la multinacional Carbones del Cerrejón y el Estado  colombiano, ya que hasta la fecha, no existe una respuesta efectiva por parte institucional”, comenta Luisa Rodríguez quien hace parte de Cinep.

“La idea es identificar los problemas, pero también buscar soluciones y respuestas frente a la impunidad que ha generado el extractivismo y también   construir propuestas que lleven a escenarios de justicia real y efectiva para las comunidades, la naturaleza y fortalecer los procesos de resistencia que se están dando en La Guajira”, agrega.

La Sentencia T- 302 de 2017, es una oportunidad que tienen los gobiernos y las empresas para devolverle a las comunidades wayuú parte de lo tomado de su territorio, pero hasta ahora lo que se ha venido dando y presentando es una serie de reservas y prevenciones socioculturales para desarrollar un diálogo genuino con las comunidades.

Cabe recordar que el Gobierno nacional tenía como fecha límite el pasado 9 de septiembre para hacer cumplir la presentación formal del plan de acción para la implementación de la Sentencia, sin embargo, apelando a la imposibilidad de concertación con el pueblo wayuú debido a la pandemia, ha solicitado una nueva prórroga ante el Tribunal de Riohacha y aún está a la espera de su aprobación. 

Entre aplazamientos y aplazamientos desde el 28 de septiembre de 2018 hasta la fecha, se pueden contar 63 niños menores de 5 años muertos por desnutrición. El aplazamiento del cumplimiento de la Sentencia, se evidencian en pérdida de vidas.

De esta manera, se pasará de nuevo 12 de octubre y no se resolverá o por lo menos, no se avanzará en la puesta en marcha de los planes, proyectos y programas a corto, mediano y largo plazo, que permitan darle solución al estado de cosas inconstitucionales que satisfagan los requerimientos históricos de los wayuu como son: el acceso al agua, alimentación, salud y participación.

Cada día que se pierda en el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas debe ser considerado como de resistencia, lo que permite regresar a la representación del 12 de octubre, como una fecha en que se inició el sometimiento y exterminio sistemático de los pueblos indígenas en América y que aún nadie ha logrado detenerlo, muy a pesar de la existencia de la Sentencia vindicatoria T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.

Fuente Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T 302 del 2017