Abogado de Oneida Pinto asegura que fiscal se ha encargado de dilatar proceso de su defendida

Un fuerte pronunciamiento hizo Antonio Luis González, abogado de la exgobernadora Oneida Pinto Pérez, al manifestar que su defendida no ha tenido “garantías” en el proceso que se le sigue por presunta irregularidad en la contratación de obras públicas cuando era alcaldesa de Albania, entre los años 2010 y 2011.

Esto, debido a que la fiscal que lleva el caso ha intentado en cuatro ocasiones sacar el caso de La Guajira.

“La primera petición la hizo ante el Juez Segundo Penal del Circuito de Maicao, le fue negada; luego la hizo ante el Tribunal de La Guajira, le fue negada. Luego presentó una tutela en el mismo tribunal y se la ganamos en la Corte Suprema de Justicia y lo último que hizo es que se fue directo a la Corte y esta le rechazó la solicitud por improcedente”, dijo en el noticiero Cardenal de La Guajira.

Según el jurista, es esa situación la que ha dilatado el proceso de la exmandataria y lo que llevó a la libertad por vencimiento de términos.

“Quiero aclarar que cuando se habla de libertad por vencimiento de términos, la gente piensa que es un regalo que le hacen a la persona que esta privada de la libertad y quiero contarle a los guajiros, que este proceso no ha avanzado es por la temeridad de la fiscal que lleva el caso, intentó sacar el proceso 4 veces del Departamento porque ella no cree en la justicia que se administra en La Guajira y esas cuatro veces que se llama cambio de radicación, le fueron negados”, agregó.

Precisó que en su defensa, ha alegado que en el territorio hay jueces independientes, imparciales y honestos, capaces de llevar el caso.

“(…) porque la fiscal nunca ha creído en La Guajira en materia de justicia con los procesos de Oneida Pinto, entonces, en esos vaivenes los términos fueron avanzando, nosotros siempre estuvimos dispuestos a asistir a las audiencias y por eso ocurre eso que se llama el principio de razonabilidad de los términos, que comúnmente llaman vencimiento de términos, pero insisto no es una maniobra dilatoria de la defensa, no es una maniobra dilatoria de nadie, sino la temeridad de una fiscal que considera que la única parte donde se puede hacer justicia de manera trasparente es en Bogotá”, apuntó.

Además de esto, González señaló que durante los ocho meses que estuvo detenida Oneida Pinto en Valledupar, la Fiscalía no los llamó a imputación.

“Durante ocho meses que estuvo la señora Oneida detenida en Valledupar, la Fiscalía no nos llamó a ninguna imputación, sin embargo, ella siempre ha estado presta a comparecer. Lo que ocurre es que en el caso de ella se ha convertido la detención preventiva en una pena anticipada, porque es la segunda vez que la saco de la cárcel y los procesos no culminan”, manifestó.

De hecho, dijo que en estos momentos tienen 24 mil pruebas documentadas del primer proceso, de las cuales apenas están presentando la prueba 19 mil, ante Juez 25 Penal del Circuito de Bogotá.

“Lo que ocurre es que se ha cogido la detención preventiva en el caso de Oneida Pinto, en una manera mediática para impresionar y combatir la corrupción y la corrupción no se combate con la cárcel sino con el buen ejemplo de los gobernantes en todos los niveles”, afirmó Antonio González, lo que considera “una muestra clara en Colombia de que la libertad debe ser la regla general y no la excepción”.

“(…) como paso con Uribe que lo dejaron defender en libertad. Pero se ha cogido la libertad para hacer un show mediático, entonces cuando la persona recobra la libertad cualquier ignorante en derecho dice que es maniobra dilatoria de los abogados”, apuntó.

Por ahora, expresó, lo que viene es la audiencia preparatoria, que es la recopilación de las prueba “porque a nadie se le puede condenar sin pruebas”.

“En el mes de abril estamos en la audiencia preparatoria donde presentaré las pruebas para hacer valer la presunción de inocencia de mi defendida”, finalizó.

Investigaciones

Cabe recordar que Pinto Pérez estuvo prófuga durante un año y se entregó a las autoridades el pasado 12 de julio de 2020; fue asegurada por presuntas irregularidades en contratos de obras para los años 2010-2011 en el municipio de Albania, donde al parecer habría creado la Fundación Princesa Negra, para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías, por valores que ascienden a más de $ 12.000.000.000.

De acuerdo a los investigadores, existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192.

A través de las indagaciones se evidenció que la selección del contratista era amañada y que lo buscado era apalancar la campaña electoral de Pinto a la Alcaldía municipal, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado. Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política. 

También se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá. Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el Hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas. 

El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.

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