Comité de Orden Público de La Guajira solicita a Juzgado de Hatonuevo aclare si dineros del Fonset serán embargados

El comité de orden público de La Guajira envió un oficio al Juez Promiscuo Municipal de Hatonuevo para que aclare lo ordenado en la sentencia 080-20, teniendo en cuenta la inembargabilidad del Fondo de Seguridad Territorial –Fonset–.

Según el comité de orden público, “los fondos de seguridad originariamente fueron creados a través del artículo 122 de la Ley 106 de 1993, como fondo-cuentas a distribuirse según las necesidades regionales de seguridad y son administrados por el gobernador o el alcalde, o por el secretario de despacho en quien se delegue dicha facultad.

Cabe indicar que estos recursos del Fonset son utilizados para dotar a la fuerza pública, llámese Policía, Fiscalía, Ejército, Migración Colombia y Armada Nacional, con la intención de atacar a los grupos ilegales.

Dicha solicitud del comité de orden público de La Guajira se da luego de una decisión del Juzgado en mención al embargar recursos del departamento de La Guajira por valor de más de 19 mil millones de pesos.

Empero, el comité se basa en el argumento del artículo 63 de la Constitución Política del 1991 que indica que los bienes de uso público y del Estado son inembargables, que garantiza el estricto fin del Estado Social del Derecho.

“Para la Corte Constitucional, entonces, el principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que es necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos financieros del Estado, destinados por definición, en un Estado social de Derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la dignidad humana”.

Asimismo, el comité de orden público también se argumenta del artículo 549 númeral 1 del Código General de Proceso (Ley 1564 de 2012) que indica que “los bienes inembargables señalados en la Constitución Política de Colombia o en leyes especiales, no se podrán embargar: los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social”.

También se basa también en el decreto 457 del 22 de marzo donde se definieron acciones para preservar la seguridad y fortalecer el pie de fuerza en medio de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio por la emergencia sanitaria del Covid-19.

“Jurídicamente la fuente para apoyar a las entidades mencionadas, es el Fondo de Seguridad Territorial, pero por las medidas reiterativas de cobro coactivo sin previo análisis de la naturaleza jurídica de las cuentas y su destinación específica por parte de la Tesorería General de la Universidad de La Guajira, a la fecha la Gobernación no tiene la posibilidad de destinar recursos de dicho fondo, para cumplir con los diferentes requerimientos del comité de orden público, como es el caso de la alimentación, combustible, adquisición de elementos de protección personal e higiene para la prevención y posible contagio del coronavirus a nuestras unidades policiales y militares, material de guerra, dotación, compra de equipos, pago de recompensas, actividades de prevención, protección y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad, acciones que se desarrollan en cada rincón del territorio guajiro y son unas de las principales líneas de defensa ante este virus en el Departamento.

En este sentido, de conformidad con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta lo ordenado en la Sentencia No. 080 — 20, proferida por su despacho, se solicita que se aclare y especifique sobre cuáles de los dineros embargados y las medidas cautelares decretadas dentro del proceso de cobro coactivo en contra del departamento de La Guajira, se deducirán los depósitos judiciales a favor de la Universidad de La Guajira con el objetivo de cancelar los salarios y seguridad social del personal del alma mater”, indica el Comité de Orden Público.

Firman el oficio el director Seccional de Fiscalía de La Guajira, Franklin Martínez Solano; el coronel Wharlinton Iván Gualdrón, comandante Policía de La Guajira; Miguel Enrique Romo Barreto, director de Migración Colombia en La Guajira y Cesar; Jairo Alfonso Aguilar Deluque, secretario de Gobierno departamental; el coronel Enrique Álvarez Hernández, comandante de la Décima Brigada del Ejército Nacional y Edgar Gomezcasseres González, comandante Guardacostas de Riohacha.