La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, admitió una acción de tutela interpuesta por la autoridad tradicional de la comunidad indígena wayuú de la Horqueta, Lorenza Pushaina, contra la Presidencia de la República y las entidades públicas que conforman la mesa interinstitucional que deben decidir junto a la comunidad sobre la explotación de carbón en el arroyo Bruno.
La tutela se interpuso por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, autonomía, integridad social, cultural y espiritual; participación, defensa y de los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima, de la comunidad wayuú citada.
El Consejo de Estado tuteló los derechos humanos y fundamentales de la comunidad de La Horqueta 2, que, de acuerdo con el abogado, Pablo Segundo Ojeda, está siendo afectada directamente por la desviación del arroyo Bruno y, posteriormente por la explotación del carbón, de parte de la empresa Cerrejón.
Argumenta el abogado, que la comunidad de La Horqueta 2 depende su supervivencia del arroyo Bruno, para el consumo del agua, pesca, utilizar sus plantas medicinales y, hacer sus rituales religiosos.
“Con la desviación del arroyo Bruno, la comunidad de La Horqueta 2, se verá muy afectada porque el Estado y la empresa Carbones del Cerrejón Límited, no garantizan un plan de acceso al agua del arroyo Bruno, Plan de Seguridad Alimentaria y un plan de salud, como lo ordena la sentencia SU-698 de 2016 de la Corte Constitucional”, dijo.
Agregó que esos derechos deben ser garantizados por los miembros de la mesa Interinstitucional, conformada por varias entidades del Gobierno nacional.
Las entidades accionadas son Ministerio del Interior, del Medio Ambiente, Hacienda y Crédito Público, el departamento de La Guajira, el municipio de Albania, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Contraloría y Cerrejón.