Defensoría del Pueblo alerta sobre amenazas a la población civil por actores al margen de la ley

La Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana 039 de 2019, advirtió que en el municipio de Maicao se encuentra en riesgo la población asentada en la cabecera municipal y sus alrededores, así como la población rural de los corregimientos de Carraipía, La Majayura y Paraguachón.

De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo, el escenario de riesgo que se configura en el municipio de Maicao, y que afecta a la población civil tiene que ver con la amenaza generada por la presencia de grupos armados ilegales que se encuentran adelantando acciones violentas con el propósito de ejercer control social y territorial, tanto en el área urbana como la zona rural del municipio.

En ese sentido, el informe indica que se identifica la presencia del grupo armado ilegal posdesmovilización A.G.C hacia el sur de Maicao, en límites con el municipio de Albania.

A esa circunstancia se suma el Ejército de Liberación Nacional –ELN– principalmente hacia la zona de frontera, así como estructuras de delincuencia organizada de alcance transnacional.

Se indica en el documento, que actualmente el escenario en el municipio de Maicao configura un riesgo alto para el ejercicio de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad, en la medida que se vienen presentando una serie de hechos vulneratorios por parte de grupos armados ilegales y organizaciones armadas transnacionales, primordialmente, que generan mayor amenaza para la población civil debido a las acciones bélicas de control en los pasos fronterizos irregulares, así como también en los asentamientos humanos irregulares ubicados en la cabecera municipal, los sectores aledaños y el área rural.

Las acciones violentas se encaminan a la imposición de un orden social en los territorios forzados a partir de amenazas en contra de la vida e integridad física de las personas; homicidios, secuestros, extorsiones, violencia basada en género, enfrentamientos con interposición de la población civil; desplazamiento forzado y reclutamiento forzado; y/o uso o utilización de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de economías ilegales tales como contrabando de gasolina, tráfico de armas, narcotráfico y microtráfico.

Según la alerta, estos grupos controlan las economías ilegales tales como contrabando de gasolina, tráfico de armas, narcotráfico.

 

Dentro de los actores armados identificados como grupos de delincuencia organizada trasnacional se encuentran los autodenominados ‘pranes’, venezolanos quienes debido al flujo migratorio existente entre ambos países, se han establecido en el municipio de Maicao, sin perder conexión con sus estructuras ilegales matrices en el vecino país.

Según el informe, esos grupos se encuentran conformados por expresidiarios venezolanos, quienes mantenían el control al interior de las cárceles de ese país a través del uso de la violencia, así mismo controlaban el microtráfico de estupefacientes y tráfico de armas al interior de las penitenciarias.

“Estos grupos llegaron a ampliar sus redes estableciendo alianzas con agrupaciones delincuenciales al exterior de las cárceles, teniendo control también de dichas actividades ilícitas de manera extramural, creando además redes de sicariato, extorsión y secuestro”, se lee en el documento.

Se indica además en el informe que, algunos de los integrantes de esos grupos propios de Venezuela han migrado hacia Colombia, estableciendo asentamientos humanos ubicados dentro del área urbana y los alrededores del municipio, en sectores como Torres de La Majayura, La Bendición de Dios y Montecarlo. La situación ha generado un alto riesgo para la población civil colombiana y migrantes venezolanos en la medida que son estructuras que operan a través del uso exacerbado de la violencia.

A su vez, siguen inmersos en las dinámicas delictivas desarrolladas en su país de origen, como por ejemplo el tráfico de armas de Venezuela hacia Colombia, el control de las redes de microtráfico, grupos de sicariato y extorsión a sus connacionales.

También se evidencia la presencia de grupos civiles armados provenientes de Venezuela, quienes recientemente han desempeñado de facto funciones de seguridad, inteligencia y represión sobre la población, por ejemplo, ejerciendo control sobre la distribución de los artículos de primera necesidad requeridos por sus connacionales.

Control de las trochas en Colombia

Respecto al actuar en territorio colombiano, se evidencia la reorganización de esos grupos trasladando sus prácticas de violencia y pretensiones de ejercicio de control social en el territorio, generando temor en los sectores en que se encuentran asentados migrantes venezolanos, principalmente en la cabecera municipal de Maicao.

También se advierte que dentro de los grupos de delincuencia trasnacional identificados se encuentran aquellos que buscan controlar los pasos irregulares o trochas, que son reconocidos como corredores de movilidad estratégicos y que históricamente han sido utilizados para el tránsito de personas y mercancías que entran a Colombia sin pago de impuestos. La banda de Los Zona, mantienen el control en la trocha conocida como La 80, que en la actualidad es utilizada para el ingreso hacia Colombia por el corregimiento de Paraguachón.

Entretanto el paso irregular conocido como La Cortica, es utilizado como salida de Colombia hacia Venezuela, también opera otra serie de grupos que se aprovechan de la condición fronteriza de ese territorio.

Se reconoce también la banda de Los Mercenarios, quienes operan estratégicamente en la zona fronteriza, ejerciendo prácticas extremadamente violentas sobre la población civil, pues además de secuestros, asaltos y homicidios se han registrado casos de desmembramiento e incineración de cuerpos.

Se precisa también que el escenario de riesgo hacia la zona de frontera se viene agudizando progresivamente, ya que esos grupos armados que operan en las trochas, además de mantener el control socio-territorial en el lado colombiano, también lo hacen en el lado venezolano, donde además han generado desplazamientos masivos de las poblaciones que se encuentran asentadas en la localidad de Guarero (Venezuela) hacia territorio colombiano.

“Dentro de las conductas vulneratorias ejercidas por ese actor armado ilegal se identifican agresiones directas sobre la población civil tales como homicidios, desaparición forzada, violencia sexual y enfrentamientos entre los actores armados con interposición de la población civil.

Se evidenció, que los de La Zona, realizan el cobro del 10% de la ganancia a los transportadores de carros y ‘chirrincheras’ que transitan en los pasos irregulares, imponiendo el cobro de peajes, extorsionando a la población civil que transita por las trochas, asaltándolas y agrediéndolas físicamente, así como también controlando la dinámica del contrabando de combustible y tráfico de armas.

En tanto, el ELN, ubicado estratégicamente hacia la zona con Venezuela, hace presencia con el frente ‘Luciano Ariza’ en la zona rural del municipio de Maicao en los corregimientos de Paraguachón y La Majayura.

Esa estructura armada se identifica como un factor de riesgo para la población civil en la medida que ejerce acciones vulneratorias tales como el reclutamiento forzado de población adolescente, indígena y venezolana. Además extorsionan a pobladores de esos corregimientos y hacendados.

Referente a la presencia de las A.G.C, se indica que aunque es marginal en comparación con el accionar de los demás actores armados ilegales, persiste su influencia en el sur del municipio, y no se descarta que en lo sucesivo pueda establecer alianzas con alguno de los actores identificados que se encuentran en el territorio.

La alerta busca proteger a los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y comunitarios, autoridades étnico-territoriales, indígenas, afrocolombianos, comerciantes, servidores públicos, docentes, contratistas, candidatos a corporaciones públicas, entre otros.