Departamento de La Guajira aporta el 24% de las muertes de niños por desnutrición en todo el país

El Gobierno colombiano de manera histórica sigue vulnerando los derechos fundamentales de la población wayuú, afectando especialmente a los niños que siguen muriendo por desnutrición.

A la semana del 51 de 2020, el departamento de La Guajira aporta el 24% de las muertes de niños por desnutrición y el Caribe el 53,5%. Los wayuú representan el 44.5% de los habitantes de La Guajira, siendo para Riohacha el 27.7%, para Maicao el 41.8%, para Manaure el 91.4% y para Uribia el 94.9% según resultados del Censo de Población realizado por el Dane en 2018.

Sin embargo, el impacto es aún más alto por grupos etarios, de todos los niños guajiros menores de 5 años, el 54.2% son wayuú, y de todos los niños y jóvenes entre 0 y 17 años, el 51.3% son wayuú.

Recordemos que los 4 municipios accionados por la Sentencia T-302 de 2017 (Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia) representa el 69,3% del total de la población del Departamento para el año 2018, y que de estos el 58,8% son wayuú. Por lo tanto, cualquier cosa que pase con los wayuú y sus niños repercute profundamente en los indicadores socioeconómicos de La Guajira.

Después de 3 años de vigencia de la Sentencia T-302 de 2017, y de un sinnúmero de aplazamientos y dilaciones para su cumplimiento, los  más afectados son los niños wayuú muertos por causas asociadas a la desnutrición, y otras evitables, sin mencionar que el resto de niños que no fallecen, crecen bajo condiciones de desnutrición crónica afectando su futuro en la adultez.

La Corte Constitucional señaló que se deben alcanzar cuatro metas cuyas brechas son muy distantes entre la realidad y los valores que se deben alcanzar para superar el estado de cosas inconstitucional, señala que las acciones a desarrollar deben ser adicionales a las existentes, es decir, no se cumplen con seguir haciendo lo mismo de siempre, sino que implica un gran esfuerzo adicional, tanto en acciones como en la aplicación de recursos, incluso ordena replantear procesos, porque es claro que lo que se ha venido haciendo hasta la fecha no ha funcionado.

Para lograrlo, ordenó construir una Política Pública alrededor de 8 objetivos mínimos constitucionales, que se desarrollan a través de 16 mandatos estratégicos, y que se evalúan a través de 56 indicadores que en forma taxativa son señalados en la Sentencia.

Se debe recordar que la Sentencia no es para los wayuú que habitan exclusivamente en los  resguardos indígenas existentes, es para los wayuú que habiten los 4 municipios accionados de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, indistintamente si viven en la zona urbana o rural, o si viven en territorios resguardados o no resguardados.

A criterio de la Veeduría, el primer paso para la construcción de la Política Pública es contar con un sistema de información que permita identificar con claridad los riesgos que afronta la población wayuú, la cual se debe dar a nivel de corregimientos y comunidades, incluso de familias, dado que se habla de población dispersa, y en el caso de los niños, por lo tanto sentarse a construir una Política Pública sin información útil y detallada es una labor infructuosa.

El segundo paso, es aplicar el diálogo genuino contemplado en el octavo objetivo mínimo constitucional para la construcción de la Política Pública, en el cual se ordena la “aceptación de criterios y lineamientos por parte de las distintas comunidades wayuú”, siendo este paso también donde se ha fallado profundamente.

Los diálogos genuinos

En diciembre de 2019 la nación intentó desarrollar acciones de consulta previa, que es diferente a diálogo genuino, al intentar convocar a las carreras a las comunidades wayuú para evitar una posible sanción por una acción de desacato instaurada ante el Tribunal de Riohacha, con un resultado de fracaso y el estancamiento del proceso.

Un año después, en diciembre de 2020, se volvió con la misma estrategia, intentaron convocar mesas de trabajo a toda carrera, sin poder garantizar la máxima participación del pueblo wayuú, sin un esquema que garantice la participación de las autoridades indígenas legítimas, que llevó de nuevo al fracaso del proceso.

El diálogo genuino como instrumento esencial para la construcción de la Política Pública, es diferente a la construcción de un plan de acción o un plan de inversiones.

La dificultad radica en que los 4 municipios accionados son los más grandes de La Guajira y que la mayoría de la población wayuú habita en la zona rural en forma dispersa, organizada en más de 7.000 comunidades   distintas.

Esto no implica que por ello se les excluya, ellas son las convocadas por la Corte Constitucional, ellos saben perfectamente cuáles son sus problemas, los han sufrido en carne propia toda la vida, nadie mejor que ellos para exponerlos, pero lograr dialogar solo con las autoridades en un número tan alto, vuelve esta proceso complejo y de largo plazo.

Además, hay otras formas de organización de los wayuú, existen los cabildos gobernadores, las asociaciones de autoridades tradicionales, dos organizaciones de palabreros, organizaciones desarrolladas al rededor del sistema educativo, de la salud,  de la actividad pesquera, del transporte, organizaciones de mujeres, ONG de diferente naturaleza, etc.

Todas sintiéndose con derecho a participar, sin contar por último a los líderes indígenas, que son los más activos en territorio y que también tienen mucho para aportar. Estamos hablando de  397.912 wayuú con múltiples formas de organización con los cuales hay que garantizar diálogo genuino.

Hacerlo incluso a nivel de corregimientos es una dura labor que llevaría mucho tiempo, Uribia tiene 21 corregimientos, Riohacha 16 y 7 resguardos, Manaure tiene nueve corregimientos y Maicao 6, 3 Inspecciones de Policía y 3 resguardos wayuú.

Encontrar la fórmula mágica para lograrlo es el gran reto, pero claramente no se logrará a las carreras y convocando a pocas personas, porque se rompe de facto el principal mandato de la sentencia, que sea un diálogo genuino y participativo.

Lo otro es que las convocatorias hechas hasta la fecha han sido para socializar una oferta pública del Estado, y eso no es lo que ordena la Corte Constitucional, ella ordena es la construcción de una Política Pública que contemple unas estrategias orientada a alcanzar unas metas, las acciones puntuales forman parte de planes de acción, y los recursos deben ser el resultados de una priorización de acciones dentro de ese plan de acción que debe ser de corto, mediano y largo plazo, superando incluso el periodo de gobierno del actual presidente de la República y  los actuales mandatarios locales.

Fuente Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017