Desnutrición infantil en La Guajira: círculo vicioso por falta de seguimiento gubernamental permanente y suficiente

Los niños en La Guajira se siguen muriendo por causas prevenibles.  La realidad es así: se mueren hoy tantos o más que el año pasado, incluso que hace dos años o que hace 5, y las cifras parecen no reducirse según el informe revelado por Human Rights Watch –HRW– junto al Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins. 

En las estadísticas vitales de La Guajira en la parte relacionada con las defunciones no fetales por causas asociadas a deficiencias nutricionales publicadas por el Dane para los años 2018, 2019 y primer trimestre 2020, se identifica que los casos de muertes de niños, en su mayoría indígenas en La Guajira, el 62% se presentan antes de cumplir el primer año de vida, distribuido así: de 0 a 5 meses de edad el 27%; y entre los 6 a 11 meses el 35%. El 26% de las defunciones se evidencian entre los 1 y 2 años de edad.

La muerte de niños después del primer año de vida obedece a que ya en la primera etapa de crecimiento y desarrollo (primer año) se agudizan las deficiencias nutricionales. Esto implica que para proteger la vida de este grupo poblacional, el mayor esfuerzo se debe realizar durante su primer año de edad, pero desafortunadamente solo el 1.3% de los nacimientos de las zonas rurales dispersas atendidos por parteras y otras personas logran registrarse. Es decir, muchos de los niños wayuú nacen y muren sin acceder al sistema de salud.

Es por ello, que en La Guajira cada semana se muere 1 niño por desnutrición y las cifras tenderán a aumentar considerablemente este año a causa del aislamiento social obligatorio.

Dentro del estudio también se revela que, a pesar de que la población wayuú cuenta con medidas cautelares para la protección de la vida de los niños y la Sentencia T-302 del 2017, aún no se ha logrado garantizar una solución efectiva de agua potable en las comunidades y el acceso permanente a los alimentos. Esto ha permitido que no se avance sobre el estado de desnutrición dentro de la población infantil.

Asimismo, el informe señala: “La recuperación de un niño con desnutrición grave es realmente fácil y se puede hacer dentro de la comunidad, siempre y cuando se implemente un seguimiento y una alimentación especial, que le permita al niño ganar peso de manera adecuada y en tan solo 2 meses puede salir de ese estado”, afirma Shannon Doocy, profesora asociada de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Además, revela que al dejar a los niños recuperados sin el seguimiento adecuado y en un territorio que no garantice agua y alimentos de manera permanente y suficiente, es probable que vuelva a recaer en un estado de desnutrición grave. Ese es el origen del círculo vicioso de la desnutrición en La Guajira.

El informe dice que en las actuales condiciones de emergencia, la situación adversa de los wayuú se agudizará por la falta de agua potable y alimentos, la grave desnutrición de los niños y un virus tan poderoso como el Covid-19, deja sin protección a un significativo número de menores indígenas que deben enfrentar esta lucha en medio de las carencias y la pobreza extrema. 

Desde el Estado se mantiene la hipótesis que, la dispersión de los asentamientos rurales ha sido el mayor obstáculo. Empero, si se trata de cambiarle la vida de un niño que lleva un tiempo prolongado sin comida o agua suministrada de manera adecuada, el aislamiento no debe ser un impedimento a la hora de salvarle la vida. Más aún cuando se conocen casos de organizaciones humanitarias, como la Fundación Caminos de Identidad –Fucai– que actúa en Manaure y han logrado recuperaciones nutricionales, incluso, en medio de la pandemia.

Más preguntas que respuestas

Ante este panorama, hay que preguntarse: ¿quiénes son los responsables de que los niños en La Guajira se sigan muriendo por enfermedades prevenibles y relacionadas con la desnutrición? ¿Quiénes son los encargados de hacer una vigilancia efectiva, seguimiento y control a los niños en riesgo? ¿Quién está tomando los registros reales de las muertes de niños en las rancherías? ¿Cómo se logra recuperar al Departamento de la pobreza y la violación generalizada de los derechos de los niños? ¿Cuántas prorrogas más debe dárseles a los responsables de la ejecución de lo dispuesto en la Sentencia T-302 de 2017 para que actúen en favor de la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira? ¿Cómo se están diligenciando los formatos de seguimiento de talla y peso si no hay certeza de que los operadores del Icbf o del sistema estén llegando a las rancherías? ¿Qué hará La Guajira que desde el 2 de julio asumió la competencia en el sector salud?

En los boletines de vigilancia epidemiológica emitidos por la Secretaría de Salud de La Guajira, se hace evidente que los casos de desnutrición aguda han disminuido drásticamente sin explicación alguna y en medio de la pandemia, mientas que los  casos de mortalidad por causas asociadas a la  desnutrición se han  incrementado, lo que lleva  a pensar  que ello  puede  obedecer a que no se realizan las respectivas penetraciones en los territorios dispersos  y que se están dejando a los niños a su suerte.

Hace unas semanas se conoció que el 58% de los territorios en Colombia presentan niveles medios y altos de desnutrición y que la situación no tiende a mejorar, ya que los índices de pobreza crecerán durante este año, lo que incrementaría la cifra de territorios con alerta roja en desnutrición infantil. Por esto, “es necesario que desde el Gobierno se articule un trabajo diferenciador y específico en La Guajira que permita la recuperación de los niños wayuú y se atienda de manera urgente a la población migrante que ha engrosado la cadena de miseria en la región”, señala Vivanco.

Los niños wayuú se encuentran amparados bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh–, atención que se reforzó con la Sentencia T-302 del 2017. Las acciones que realizan las 24 instituciones del gobierno accionadas no se les conoce su trazabilidad y efectividad si se siguen omitiendo las verdaderas cifras sobre el estado de salud y las condiciones de desarrollo de los niños.

Ante esto, Human Rights Watch solicita una encuesta sobre el estado nutricional en el pueblo wayuú. Al no cumplirse estas disposiciones, el Departamento estará lejos de avanzar y generar cambios estructurales que generen gobernanza sobre el desarrollo territorial y se avance de manera efectiva en la superación del estado de cosas inconstitucional que tantas vidas le ha costado a los wayuú.

Sostiene HRW que el problema no es la falta de recursos, sino que ellos han sido invertidos de manera ineficiente. “La corrupción ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son necesarios para la supervivencia. Se ha contabilizado que las pérdidas en los programas destinados a la alimentación infantil han alcanzado la cifra de los $30.000 millones, de los cuales solo se han recuperado 2 mil dólares”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Cabe anotar que hasta abril del 2020 la Fiscalía informó a HRW que lleva 28 investigaciones penales por apropiación indebida de fondos públicos que estaban destinadas a la alimentación y a la salud, lo que pone sobre la mesa la necesidad de desarrollar procesos de control social.

Fuente Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017