“En La Guajira no hay ley”: presidente de Big Group, ante “atropello” de Sama en las salinas de Manaure

El contrato de operaciones de la empresa Big Group Salinas sigue vigente. Así lo dejó claro en el Noticiero Cardenal de La Guajira el presidente de la compañía, Ernesto De Luca, al afirmar que solo un juez puede determinar su fin.

“El tema de las salinas sigue siendo muy grave porque el contrato de operaciones sigue vigente. Es un contrato que para poderse terminar tiene que determinarlo un juez y eso no ha pasado por un proceso legal”, dijo en respuesta a Daniel Robles, gerente de Sama, quien la semana pasada aseguró que el contrato del operador se dio por terminado el pasado 10 de agosto de 2020.

“Más bien Sama está incurriendo en una cantidad de irregularidades y unas vías de hecho, pues se ha tomado las instalaciones de nosotros sin ninguna decisión de un juez que determine que ellos pueden estar en nuestras instalaciones”, agregó.

Para De Luca, Big Group en este momento tiene más de un millón de toneladas de sal que están siendo explotadas “ilegalmente” por Sama Ltda.

“Todo lo que están haciendo son vías de hecho que perjudican los inventarios de Big Group, que tiene más de cinco años trabajando en la producción de sal y que en este momento tiene más de un millón de toneladas en esas instalaciones y estos señores lo que han hecho es tomar la sal que es nuestra, producida por nosotros, explotarla y venderla. Llegaron a la casa con la cosecha lista”, precisó.

Hasta el momento, contó, han facturado alrededor de 25 mil toneladas de sal que significan más de 2 mil millones de pesos. 

“Esto es totalmente irregular, está fuera de todo contexto y lo más alarmante es que hemos puesto querellas ante las instituciones incluyendo la Alcaldía de Manare y no le han puesto atención. Hemos hecho las denuncias al respecto y no hay acciones legales que levanten y que saquen a esta gente de allí”, aseveró.

Expresó que esto, una vez más, demuestra que “en La Guajira no hay ley”.

“Lo que ha sucedido principalmente, demuestra una vez más, que en La Guajira no hay ley y nosotros como empresarios privados nos sentimos desamparados completamente. Una de las decisiones de la junta directiva para liquidar la empresa, hicimos una liquidación privada, es porque no existe la estabilidad jurídica  para que nosotros podamos continuar en una zona donde no se nos da ninguna garantía”, manifestó.

Lo anterior debido a que antes de que los trabajadores se declararan en huelga, el pasado mes de febrero, los invadían, les robaban sal y les quitaban el transporte.

Ernesto De Luca fue enfático al decir que, incluso, Sama tiene una inseguridad jurídica con “deudas gigantes”.

“Sama cuando comenzó con nosotros tenía 7 mil millones de deudas, ahora tiene 24 mil y nadie se pregunta de dónde salieron los 24 mil y ahora se instalan estos señores nuevos y dicen que ya tomaron la decisión de terminar el contrato unilateral, eso no lo pueden hacer.  Lo más peligroso de todo esto es que le van a acarrear unas consecuencias a Sama incalculables. No van a tener cómo pagar eso, de todas las acciones legales que nosotros vamos a tomar en este procedimiento. No vamos a permitir que nos roben en nuestra cara todo el inventario que hemos hecho y eso es todo lo que esta gente está haciendo”, añadió.

En cuanto a las acciones, explicó que vienen interponiéndolas en la ciudad de Bogotá, para que actúe la ley en su profundidad, puesto que se sienten desamparados por las autoridades regionales.

Liquidación

Recordó que uno de los motivos que los llevó a la liquidación privada es la huelga que desde febrero, adelantan sus trabajadores.  

“Nosotros desde febrero tenemos un cese de actividades de los trabajadores, más de 240 días parados, qué empresa soporta eso, ninguna. Es inmanejable, pero lo que sí somos es responsables, desde el primer momento dijimos que nosotros antes de caer en una liquidación que no podamos responderle a nuestros acreedores vamos a hacer una liquidación privada porque hay suficiente inventario para poder pagar todas las deudas que tenemos”.

Señaló que la liquidación está apegada a ley, para que los primeros beneficiados sean los trabajadores. 

“Una vez comencemos a vender nuestra sal los primeros que van a cobrar son los empleados porque la ley lo determina así, después los proveedores, el Estado y por último los accionistas. La liquidación está pensada en cumplir todas nuestras responsabilidades como empresa pero cuando actúan de esta manera o los dirigentes que están ahí que no sabemos todavía si tienen la base jurídica para tomar esa decisión, las consecuencias económicas que va a tener Sama le puede costar hasta el título minero, porque lo que están haciendo es una arbitrariedad que no tiene ningún sentido de ser y no puede funcionar”, añadió el presidente de Big Group.

Aseguró que las demandas están interpuestas, pues han tratado de llegar a una conciliación y no se ha logrado.

“Hemos tratado de hacer una conciliación para darle un espacio a las autoridades a que vengan a esas reuniones pero la Alcaldía no se presenta, solamente viene una sola persona; en la Supersociedades hicimos una conciliación pero vemos que eso no va para ningún lado, no le vemos ningún futuro a una conciliación que no quieren hacer”.

Indicó que las verdaderas acciones legales vienen de ahora en adelante y las autoridades son las que deben tomar acciones en este hecho.

“Esta situación en La Guajira no nos deja un buen sabor para continuar. Hasta que nosotros no veamos que existe ley verdadera en La Guajira y que podamos contar con un apoyo jurídico y estable para poder avanzar como empresario, es imposible continuar. Lo que no podemos permitir es que ellos pretendan robarse toda la sal que nosotros hemos procesado y trabajar tranquilamente diciendo que aquí no ha pasado nada y que nosotros terminamos el contrato unilateralmente. Lo que tampoco vamos a hacer como empresarios es tomar las acciones por nuestras manos, todo lo vamos a hacer apegados a la ley”, finalizó.

Cabe mencionar que la semana pasada Daniel Robles, gerente de Sama, aseguró que el contrato del operador Big Group se dio por terminado el  10 de agosto de 2020, tras la decisión de los miembros de la Junta Socia de Sama compuesta por las tres organizaciones indígenas que la conforman: Waya Wayuú, Sumaichi y Asocharma.

Por ello, se vieron en la necesidad de asumir la administración de las salinas de Manaure, encontrando una empresa realmente disminuida, sin ningún tipo de economía y sumida en un contrato de operación que prácticamente fue lesivo para las comunidades étnicas socias del proyecto.