Estabilidad laboral, dotación escolar, saneamiento básico y reforzamiento del PAE, retos de la educación en La Guajira

En el año 2017 y con la intervención de la educación en La Guajira ante el riesgo inminente en la prestación del servicio, las fallas en los reportes y por otras irregularidades que afectaban el sistema educativo en la región, se pretendía garantizar el acceso efectivo de toda la población escolarizada de manera efectiva y universal.

Los avances en temas educativos se vieron reflejados en el cumplimiento del incio del año escolar de cerca de 220 mil estudiantes. Sin embargo, a inicios del 2020 el Gobierno nacional a través del Conpes 3984 extendía por dos años más la intervención de los servicios de salud, educación, alimentación escolar y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira.

Este año, esa decisión tuvo un revés en el mes de julio del 2020, cuando el gobernador Nemesio Roys recibía nuevamente la competencia del sector salud, enfrentando uno de los retos más grandes en el Departamento ante la propagación del Covid-19 y un sistema de salud que no estaba preparado para esta enfermedad. Sorpresivamente, también se realizaba el anuncio por parte del gobernador, del traslado de competencias en el tema educativo para el 2021, el cual celebraba en su cuenta oficial de Twitter luego de la reunión exprés celebrada con la ministra de Educación a inicios del mes de diciembre en Riohacha.

Pero los retos en el tema educativo de La Guajira se deben enfrentar en dos vértices que contemplan la educación convencional y el autoeducación en un territorio que aún cuenta con un estado de cosas inconstitucional frente al no cumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017.

Para nadie es un secreto las dificultades que enfrentaron los educadores durante este año escolar que termina, al tener que cumplir con el pénsum académico, en un Departamento con población dispersa y en su mayoría incomunicada. Pero ante los retos que esperan enfrentar el próximo año, piden tener soluciones concretas a los temas de estabilidad laboral, infraestructura, dotación escolar, saneamiento básico, distribución y reforzamiento del Plan de Alimentación Escolar –PAE– entre otras solicitudes, si se pretende reactivar la presencialidad y alternancia en el territorio.

“Debemos garantizar todos los protocolos de bioseguridad, no solo para proteger a los niños, sino a los docentes y todos los administrativos si queremos un regreso de alternancia a las aulas con seguridad para el próximo año”, afirma Rosmery Camargo, directora del Centro Etnoeducativo No. 13 de Riohacha.

Ante este panorama, se hace vital que la población escolarizada cuente con aulas que permitan el distanciamiento, suministro permanente de agua, baterías sanitarias y un refuerzo en alimentación que les garantice el regreso a clases de manera óptima, teniendo en cuenta que Colombia tendrá que enfrentar esta pandemia por 1 año más.

Durante todo el año los etnoeducadores han tenido que dar solución a temas tan complejos como la elaboración artesanal de escuelas para intentar brindar algo de seguridad a sus alumnos, aunque  el suministro de infraestructura recae de manera obligatoria en el Gobierno.

“Muchas veces nos piden a nosotros como maestros que construyamos las aulas para los niños, que reunamos entre toda la comunidad y construyamos una enramada con yotojoro, pero si escasamente el sueldo nos alcanza para las necesidades básicas,  ¿de dónde vamos a sacar para construir un aula?”, comenta una maestra que pidió reservar su nombre para evitar sanciones o la pérdida de su trabajo.

Ese tipo de solicitudes o medidas no es la excepción, sino la constante dentro de las comunidades indígenas como lo pudimos constatar en la comunidad de Jiisentira.

Hasta allí llegamos invitados por la Fundación Fucai, quienes atendían la solicitud de su autoridad al no tener un espacio seguro para los niños escolarizados. “Esta escuela la construimos entre todos de manera tradicional, tiene paredes de yotojoro y techo de zinc, pero cuando llueve se les entra el agua y es un espacio muy pequeño para los 45 niños que toman clase, por eso le solicitamos a la Fundación que nos ayudara a construir una escuela mejor”, expresó Ricaurte Henríquez, autoridad legítima de la comunidad ubicada en Uribia.

“Recorriendo el territorio nos hemos dado cuenta que el déficit de escuelas para la etnoeducación es muy alto, se necesita que el Gobierno dé solución con infraestructuras adecuadas y toda la dotación que se requiere para brindar educación de calidad a los niños wayuú”, acotó Ruth Chaparro, subdirectora de Fucai.

Además, añadió que “la escuela que hoy construimos con la ayuda de la comunidad es un espacio seguro, con todos los protocolos y que se convierte en una solución para las actividades que requiera las rancherías asentadas en este sector, pero necesita dotación y suministro permanente de agua”

Ante la problemática que vive La Guajira, la ministra de Educación María Victoria Angulo y la consejera para las Regiones, Ana María Palau, sostuvieron una reunión preparatoria y de exploración con algunos profesores, directores de centros etnoeducativos, el gobernador y los alcaldes de Maicao y Uribia para tratar de generar una ruta metodológica con las principales peticiones del sector educativo y así mejorar las condiciones que hoy persisten.

Durante dos días de trabajo y discusiones se levantó la mesa exploratoria con el compromiso de recolectar las necesidades que se presentan con este tema en Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, municipios que están en el foco para el cumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017, pero adicional la propuesta es ver las necesidades de otras localidades para incluirlos en la oferta institucional que tiene el gobierno frente a la región de La Guajira.

En dicha reunión se puntualizó la importancia de que la comunidad wayuú tenga interlocutores que representen a la población y que cuenten con una agenda establecida que permita discutir y cuantificar las obras que se deben generar, no solo en el tema educativo, sino en los temas más álgidos contemplados en la Sentencia como lo es la solución definitiva al suministro de agua potable, la generación de proyectos productivos de corto, mediano y largo plazo, la atención adecuada y oportuna en temas de salud y todos los que sean necesarios para lograr disminuir la muerte de niños wayuú por enfermedades asociadas a la desnutrición.

Lo preocupante es que en La Guajira, a pesar de la convocatoria realizada por el Gobierno, la asistencia a este evento fue poco representativa, inclusive de un sector tan organizado como el de los educadores, por lo que no se puede medir el impacto de esta charla (mal llamada mesa de diálogo), pues lo que se pretendía con esta reunión es lograr un acercamiento en la región para las próximas reuniones que debe realizar el Gobierno con la población wayuú.

Pero está claro, que el diálogo genuino está lejos aún de convertirse en una realidad, hasta que se garantice que este tipo de reuniones tenga convocatoria amplia y que se verifique que los interventores sean representativos del pueblo wayuú para lograr un trabajo articulado y universal y lograr el cumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017.

Fuente Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 del 2017