Estudian posibilidad de demandar al Departamento por incumplir contrato para el mobiliario de 17 IE

Los estudiantes de La Guajira siguen cargando una pesada cruz, por las dificultades que viven para poder culminar de manera exitosa este año académico.

Recientemente la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y la Comisión Regional de Moralización, alertó sobre un contrato que calificaron como crítico, y que hace referencia a la dotación mobiliaria escolar para instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados por valor de $5.242.744.694.

De no ejecutarse el contrato alrededor de 13.546 estudiantes en 17 instituciones educativas, se podrían quedar sin la dotación necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas.

Diario del Norte logró establecer que en la tienda virtual Colombia Compra Eficiente, mediante solicitud 56698 del 6 de noviembre de 2018, se requirió la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas de los municipios no certificados de La Guajira, en virtud de la solicitud anterior se emitió la orden de compra 32812 del mismo día.

En el desarrollo del procedimiento se perfeccionó el contrato a través de pólizas con la firma Guerfor SA inversiones, sin embargo por inconvenientes internos administrativos, no se logró expedir el Registro Presupuestal destinado para la celebración y ejecución del mismo, ya que este se elabora a través del Sistema de Presupuestos y Giros de Regalías (Spgr).

La dotación escolar debía suministrarse para que los niños y niñas del Departamento gocen de mobiliario nuevo para la vigencia escolar 2019.

La firma contratista debía entregar de acuerdo al contrato 1.125 sillas para cafetería y auditorio; 631 tableros para marcador borrable; 631 muebles de almacenamiento de aula con tres cajones; 8.650 puestos de trabajo para aulas en primaria; 8.910 puestos de trabajo para aulas en secundaria; 631 puestos de trabajo para docentes; y 984 puestos de trabajo para preescolar, que se encuentran en su poder y no han logrado entregar porque la administración departamental no ha encontrado camino de dar inicio formal al contrato.

De acuerdo a información suministrada, tampoco se aprobó de manera oportuna la supervisión de apoyo por parte del Ocad, que debía cumplirse junto con el contrato de compra, la Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica, de la orden de compra del mobiliario.

Mediante la resolución 466 del día 17 de julio de 2019, el gobernador encargado de La Guajira, Wilbert José Hernández Sierra, adjudicó el concurso de méritos abierto No. 003 de 2019 y ordenó la celebración del contrato de consultoría 535 de 2019, cuyo objeto es: Interventoría Administrativa, Técnica, Financiera y Jurídica a la orden de compra No. 32812, cuyo objeto es dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de La Guajira; suscrito entre el Departamento y Luz Emilia Morales Cuéllar, por valor de $236.634.000.00; con una duración de cuatro meses.

Cabe destacar que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con que se realizó el proceso en la tienda virtual Colombia Compra Eficiente, mediante solicitud 56698 del 6 de noviembre de 2018 estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2018, ya que por normativa el bienio presupuestal del Sistema General de Regalías es bianual y este proyecto fue aprobado en el bienio 2017 – 2018.

Por lo anterior, se hace necesario expedir un nuevo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, procedimiento que debió ser realizado por la administración en el cierre del bienio, “operación que no cumplieron”, por lo tanto se cuenta con el contrato firmado y la interventoría al que no se da inicio de acuerdo al contratista, “por negligencia de funcionarios de la administración departamental que no proceden a la expedición” del citado documento.

Con la celebración y puesta en marcha del anotado contrato, el Departamento y las diferentes entidades recibirán un 35.7% de impuestos; discriminados así: Estampilla 2%; Prodesarrollo Rural 2%; Prodesarrollo Fronterizo 2%; Electrificación 1%; Cultura 1%; Proanciano 2%; Prouniversidad 2%; Bomberil 0,2%; Reteica 1%; Retefuente 1 – 1,5 %; Reteiva 15% del Valor declarado; Contribución especial Fondo de Justificación 5%. Abogados de la firma contratista, expresaron que pese a la previsión que deben tener los procesos contractuales del Estado, en los términos de la ley 80 de 1993, los Ocad aprueban unos proyectos y los mandatarios departamentales se enfrentan a las exigencias de cumplimiento propios de los que se ganan las licitaciones públicas de Colombia, y se exponen a tener que pagar los perjuicios que se generan a los contratistas por el incumplimiento contractual.

En la actualidad, los abogados de las contratistas, entre ellos el jurista Janer Pérez, están estudiando la posibilidad de demandar al Departamento por incumplimiento contractual, independiente de las acciones penales que se pudieran iniciar en contra de los funcionarios que no han previsto lo previsible en los procesos de contratación estatal.

En ese sentido, cabe recordar la preocupación de Rafael Díaz Franco, delegado territorial para La Guajira de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, sobre la forma como algunos proyectos como el citado se encuentra en estado crítico, alertó del tema al actual gobernador encargado, Jhon Fuente Medina.

“Se establecieron plazos para que cada una de las entidades puedan presentar un estado de los proyectos, y las oportunidades de mejora critica que ha solicitado el DNP, los estados presupuestales y las dificultades técnicas que presentan”, dijo.

Agregó que los proyectos al ser cofinanciados con los recursos de regalías, tienen toda la observación del Gobierno nacional en cabeza del DNP y desde luego de la Secretaría de Transparencia.

Manifestó que las dificultades presentadas en la ejecución de los proyectos son presupuestales, técnicas o situaciones simples de solicitar unas mejoras críticas que se habían identificado previamente.