Exgobernadora Oneida Pinto será investigada por la justicia ordinaria al no poder demostrar que es indígena

Para el Consejo Superior de la Judicatura, hay serias dudas frente a la acreditación de indígena que presentó ante el Juzgado 45 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, que intentó que su investigación por aparentes hechos de corrupción en un contrato para la adquisición de adoquines en el municipio de Albania, fuera enviada a la justicia indígena.

“Surgen serias inconsistencias sobre la calidad de indígena de la procesada, en tanto si bien el resguardo indígena señala la pertenencia de ésta a su comunidad, ello no resulta cierto con lo afirmado por Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior”, precisa el fallo del cuerpo colegiado al referirse a la entidad encargada de consolidar la información y censar a las comunidades indígenas en Colombia.

Este sustento jurídico que es de la magistrada Julia Emma Garzón, se basa en lo explicado por la Procuraduría que le aseguró a la Judicatura, que la defensa de Pinto no pudo mostrar que perteneciera al clan Pushaina con asentamiento en la comunidad Río de Janeiro del resguardo 4 de Noviembre de la jurisdicción del municipio de Albania, como aseguró.

“Se constató por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior que la señora Oneida Pinto no figura como integrante de resguardo y/o comunidad indígena alguna”, se lee en la decisión.

Incluso, el Ministerio Público aseguró que en el censo de la comunidad indígena tampoco fue reportado el nombre de Pinto, sumado a que tampoco se encontró que existiera una institucionalidad al interior de la comunidad que no posee los procedimientos que permitan  tener certeza de la justicia al interior del resguardo, para que los hechos no queden impune.

En el fallo, el alto tribunal se refirió a la veracidad de una certificación expedida por la Secretaría de Asuntos Indígenas del departamento el 29 de octubre de 2018 y que para la Fiscalía y la Procuraduría, arrojó que la exmandataria no pertenecía a ninguna comunidad indígena.

“Tenerse imputaciones como posibles punibles penales de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica, entre otros con los cuales se afecta ostensiblemente a la sociedad mayoritaria e incluso la misma comunidad indígena, teniéndose que el asunto atravesó el umbral de nocividad, por el cual se entiende que ha trascendido los intereses de la comunidad aborigen y por lo tanto debe excluirse la competencia de la jurisdicción especial indígena puesto que está en juego un bien jurídico universal”, agrega.