Gerente de Sama responde señalamientos de Big Group y aclara que actuaciones se enmarcan en ordenamiento jurídico minero

El gerente de las Salinas Marítimas de Manaure – Sama LTDA, Daniel Robles Smith, salió en defensa de la gestión y las acciones que han venido realizando, con el fin de contrarrestar la difícil situación que atraviesa el centro salinero y en aras de poner en orden el proceso de extracción de sal  como único titular minero del contrato de concesión otorgado por el Estado colombiano.

Las precisiones las hace en respuesta a lo declarado por Ernesto De Luca, presidente de Big Group Salinas, quien hizo una serie de señalamientos a la labor que Sama Ltda realiza.

 “Una vez analizada la difícil situación que atraviesan las salinas de Manaure, se decidió declarar terminado de manera anticipada el Contrato de Operación Empresarial celebrado el 1 de octubre de 2014, por incumplimiento grave de las obligaciones mineras, económicas, ambientales, técnicas y de gestión social, las cuales se encontraban a cargo del operador Big Group Salinas Colombia SAS.

Es importante aclararle al señor De Luca, que esta decisión se tomó fundamentada en la Cláusula 14.3 del contrato de Operación Empresarial, donde se pactó que Sama podrá solicitar la terminación anticipada del contrato por causa del operador con indemnización de perjuicios, cuando el operador incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Además, se contempló en el contrato que, frente a discrepancias en la terminación del contrato, se acudiría a un Tribunal de Arbitramento, el cual en la actualidad no se ha conformado o instalado”, aclaró.

De igual manera, explicó otro tipo de situaciones que se vienen presentando dentro de Sama.

“El Código Civil – artículo 1602, establece que el contrato es ley para las partes, por lo tanto, están obligados al cumplimiento del mismo y para determinar su terminación se necesita una causa legal, como son los incumplimientos graves por la sociedad Big Group. No es cierta la versión del señor De Luca, cuando manifiesta que las instalaciones le pertenecen a Big Group Salinas, por el contrario, todos los activos, bienes e infraestructura que utilizó Big Group en el tiempo de ejecución del contrato de operación, le pertenecen a Sama, así lo estipula la escritura pública 135 de 2004”.

Añadió que Sama es el único titular minero del contrato de concesión HINM-01, con derecho legítimo que otorga en Colombia la legislación minera, conformada mediante escritura pública No. 135 del 21 de diciembre de 2004, donde le fue transferida la participación accionaria del Estado a las comunidades indígenas wayuú, por cuanto no se trata de una mera liberalidad, sino del cumplimiento de un deber constitucional, como lo es el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la comunidad, asociada por años a la explotación de la sal en su territorio.

“Se debe precisar al señor Ernesto De Luca, que Sama contrató a BG Salinas para la operación de las salinas como contratista, por lo tanto, no puede abrogarse facultades de titular minero, ni subrogarse derechos que la ley no le permite, como lo establece el artículo 27 de la ley 685 de 2001”, comentó Daniel Robles Smith.

Y agregó que “desconoce el señor De Luca que en los diversos informes y visitas de fiscalización realizadas por la Agencia Nacional de Minería, de forma clara y reiterativa se ha establecido que la producción se realizó de forma antitécnica durante el tiempo de ejecución del contrato de operación, sin cumplir los estándares mineros de producción de sal. Desarrollándose en zonas técnicamente no aptas para la fabricación de sal marina, transgrediendo lo establecido en el Programa de Trabajos y Obras –PTO– aprobado por la Agencia Nacional de Minería para el Titulo Minero HINM-01”.

Recalcó que esto se convirtió en uno de los incumplimientos más graves del contrato de operación suscrito con Sama, demostrando con esto que desconoce los reales niveles de producción y reservas existentes de las salinas de Manaure.

“Es válido manifestar que el anterior contrato de operación fue totalmente leonino a los intereses de Sama y de las comunidades wayuú socias de este proyecto, ya que se obligó a Sama Ltda. a pactar una remuneración efímera y baja, frente al costo real del mineral en el mercado, no permitiendo un punto de equilibrio económico y llevando a Sama al incremento de sus obligaciones y deudas por la desproporción en los precios por tonelada comercializada. Es decir, al año 2016 Sama recibió $1.500 pesos de remuneración frente a $68.500 por cada tonelada comercializada que recibió Big Group Salinas, siendo esto una ecuación totalmente inequitativa”, precisó.

Asimismo, advirtió que en lo expresado por De Luca, “la sociedad BG se encuentra en estado de liquidación privada o voluntaria, desde el 25 de agosto de 2020, llama la atención que minimiza los efectos que contrae para una empresa el encontrarse en disolución y en estado liquidación. El artículo 222 del Código de Comercio, establece que las sociedades en estado de liquidación no podrán realizar o iniciar operaciones en desarrollo de su objeto social, y su capacidad jurídica se limita para los fines inmediatos de su liquidación”.

Dejó claro que Big Group Salinas no puede operar las salinas de Manaure. Actualmente existe una propuesta de conciliación por parte de esta compañía, la cual resulta “contradictoria”, ya que por un lado manifiestan que el contrato de operación no se ha terminado, y por el otro pretende resarcimiento de perjuicios no demostrables por la terminación del mismo.

“Sama Ltda. siendo respetuosa del ordenamiento jurídico colombiano ha asistido a cada uno de los llamados por parte del centro de conciliación y arbitramento la Superintendencia de Sociedades en el marco de esta conciliación.  Sin embargo, tal como lo afirmó el señor De Luca, esta conciliación se torna improcedente, pero es importante contar la realidad de este proceso, debido a las pretensiones de Big Group Salinas SAS, la cuales no gozan de fundamento jurídico, al pretender indemnizaciones injustas con cifras que alcanzan el billón de pesos”, comentó el gerente de Sama, Daniel Robles.

Finalmente, especificó que Sama como sociedad afectada también ha interpuesto denuncias penales por las acciones del gerente de Big Group Salinas, al igual que demandas civiles por el detrimento patrimonial.

“Es por esto que se ha convocado a la Contraloría y Procuraduría, para la defensa de esta entidad que tiene participación pública. Es importante decir, que las actuaciones de Sama se enmarcan en la legalidad que estipula el ordenamiento jurídico minero, que claramente BG salinas desconoce, así como en las leyes que regulan la materia. Existen incumplimientos por parte de BG salinas de las obligaciones económicas durante el tiempo que operaron las salinas, desde el año 2018 no cancelan regalías por la extracción de sal, no presentaron los FBM – formatos básicos mineros, el título se encuentra desamparado sin póliza minera desde 2016”.

Además, añadió que lamenta las declaraciones “irresponsables y sin fundamento legal del señor De Luca, las cuales pretenden crear confusión en la comunidad y en el sector de la sal”.