Luego de que el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medioambiente, David Boyd, pidiera este lunes la suspensión de la operación en el área cercana a la comunidad indígena de Provincial, la empresa Cerrejón se pronunció.
La compañía señaló que el pasado 9 de septiembre recibió una carta de los relatores y tiene “toda la voluntad de responderles en el plazo de 60 días”, el cual vence el 7 de noviembre.
“Cerrejón está comprometida con desarrollar una operación respetuosa del medio ambiente y los derechos de los trabajadores y comunidades vecinas y hacemos esfuerzos permanentes para mejorar en los procesos de debida diligencia que buscan identificar, prevenir y mitigar los impactos generados por nuestra operación, y de compensarlos cuando es necesario.
Este compromiso se formaliza tanto en nuestra política de Derechos Humanos, publicada por primera vez en 2005 y reformulada en 2011 para alinearse con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, como en la Política de Gestión Social”, afirma.
Asimismo, manifiesta que la empresa es respetuosa de los fallos judiciales y los cumple.
“Esto incluye la sentencia T-614 la cual nos ha requerido implementar nuevas y mejores medidas para mejorar la calidad del agua, el aire, disminuir niveles de ruido, olores y vibraciones con el fin de evitar afectar la salud y tranquilidad de la comunidad de Provincial”.
Menciona que a pesar de las limitaciones generadas por la pandemia del Covid-19 y por la suspensión de las operaciones de Cerrejón debido a la huelga convocada por Sintracarbón, a la fecha han avanzado en el cumplimiento de la sentencia, incluyendo el fortalecimiento de las medidas para reducir las emisiones de polvo.
“Estas medidas fortalecerán el sistema de gestión ambiental de Cerrejón, certificado bajo la norma ISO 14001, el cual cuenta con medidas para reducir el material particulado como el riego de vías con agua de baja calidad no apta para el consumo humano o uso agrícola, el uso de barreras y de una red de cañones de niebla sobre tajos y botaderos y la aplicación de una red de monitoreo del aire en tiempo real que mide PM10 y PM2.5 a partir de monitoreos en 16 estaciones (once en la mina, dos en la línea férrea y tres en Puerto Bolívar). Como referencia, Bogotá cuenta con 15 estaciones de monitoreo”.
En ese sentido, precisa que mantienen un diálogo fluido, constructivo y respetuoso con la comunidad de Provincial, la cual ha expresado su deseo de mantener un diálogo directo con la compañía para el cumplimiento de las sentencias, así como para el cumplimiento de acuerdos previos con esta comunidad y otros proyectos para mejorar las condiciones de vida de las familias.
“Adicionalmente, mantenemos el relacionamiento con las autoridades y las mantenemos actualizadas de estos procesos”.