La Guajira debe planificar la descarbonización por la caída minero-energética en los próximos años

Un estudio reciente de la Cámara de Comercio de La Guajira, alerta sobre las consecuencias económicas que dejará el inminente cierre de la mina del Cerrejón en los próximos años, a lo que se suma que las reservas del gas siguen bajando, razón por la cual advierte que es necesario empezar a planificar la descarbonización del Departamento.

El panorama se muestra bastante sombrío, especialmente porque las autoridades locales poca atención le prestan a la situación, que afecta a cientos de personas que entrarán a engrosar la lista de los desempleados del Departamento. 

De acuerdo al informe, la situación es bastante compleja y por eso insiste en una visión de futuro compartido que facilite la coordinación del trabajo entre instituciones y que se inicie con la construcción de una narrativa estratégica de competitividad que posicione a La Guajira como una región competitiva y atractiva para la inversión nacional y extranjera.

En este sentido, la administración departamental y las administraciones municipales deben empezar a desarrollar un plan estratégico de reorganización de las dinámicas productivas del territorio.

Se trata entonces de actuar a tiempo, para generar las condiciones necesarias que ofrezcan posibilidades de trabajo a este numeroso grupo de personas, quienes también deben prepararse para enfrentar lo que se les viene.

El presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero Guerrero, plantea la necesidad de repensar el territorio, generando políticas claras de diversificación para impulsar encadenamientos productivos acordes a la vocación y potencialidades del territorio.

Advierte, que es necesario, por ejemplo, plantear alternativas de recuperación del sector agro, porque genera más empleos que la minería, pero son empleos precarios debido al poco desarrollo generado en la falta de innovación tecnológica, en la escasa tecnificación de los cultivos, en la nula utilización de innovación genética y en la incapacidad gubernamental para establecer una competitividad sólida que transcienda la economía informal o de subsistencia.

Precisa que para el desarrollo de la agroindustria se debe terminar la Represa del río Ranchería de acuerdo a lo plasmado en el Conpes 3362 del 14 de julio de 2005, que la declaró de importancia estratégica para el país, “ya que permitiría no solo desarrollar la política agropecuaria del Gobierno nacional, sino contribuir a mejorar las condiciones de vida de una zona considerada deprimida pero con un alto potencial productivo, que beneficiaría un número significativo de pobladores rurales, en su mayoría indígenas y pequeños propietarios”.  

En este sentido, también son necesarios y urgentes para la reactivación del agro, la construcción de los distritos de riego propuestos y para mejorar condiciones sociales a la población la construcción del acueducto regional (suministro de agua potable a nueve municipios: San Juan, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania.

En esta transición es necesario para impulsar el comercio regional e internacional en el territorio, hacer todos los esfuerzos posibles para que se habilite por parte de la Dian a Puerto Nuevo, en Bahía Portete, como puerto de desembarque y embarque de mercancías en la Zona de Régimen Especial Aduanero de Uribia, Manaure y Maicao; contactar inversionistas para la construcción de un nuevo muelle en Manaure para la comercialización de la sal marina y el abastecimiento al mercado nacional, la prestación de este servicio sería la única manera de ser competitivos y reemplazar las importaciones de sal.

Sobre el tema, Romero Guerrero indica que si los proyectos mineros terminan operaciones se puede pensar en que las infraestructuras que revierten a la nación puedan disponerse para el turismo (los aeropuertos en la mina y en el puerto, el puerto Simón Bolívar, la plataforma submarina de extracción de gas, etc.).  

Es necesario también para potencializar la actividad turística construir la Marina en Riohacha, por su estratégica posición geográfica podría atraer a los yates y veleros que navegan en el Caribe y servir de escala entre Aruba – Cartagena, esto generaría ingresos por la prestación de servicios.

Otras iniciativas que se deben lograr es la certificación Bandera Azul de las playas de Riohacha, las cuales en un primer intento no la obtuvieron, al no poder garantizar la mejor calidad del agua para los bañistas, son más de 500 años descargando las aguas residuales al mar Caribe sin ningún tratamiento. 

Así mismo, se debe generar una articulación del binomio turismo y cultura, como una potencialidad diferenciadora y única (etnias, música, gastronomía, etc., y fortalecer la gobernanza turística para generar un destino más competitivo y sostenible.

Generar encadenamientos productivos en torno a la explotación de las energías no contaminantes en el territorio aprovechando la mano de obra que quedaría cesante de la actividad minera, lo que ayudaría a disminuir el desempleo ocasionado por el cierre de operaciones de la mina Cerrejón.

“Es un imperativo ético con la población guajira, empezar a pensar, construir y ejecutar ese plan estratégico de reorganización de las dinámicas productivas del territorio, desde la Cámara de Comercio ofrecemos nuestro apoyo para iniciar este ejercicio que no da espera”, aportó a este análisis Álvaro Romero Guerrero, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira.

Las cifras

Las cifras no mienten y hablan por sí solas. El análisis de la Cámara de Comercio de La Guajira, precisa que Cerrejón en La Guajira durante 35 años ha generado más 13 mil empleos de forma directa e indirecta de los cuales, el 65% de estos son personas oriundas de la región que recibieron en salarios y beneficios más de $705 miles de millones a precios del 2015 y los gobiernos municipales y departamental recibieron en regalías $8.1 billones entre 1990 y 2016.

Cifras más recientes muestran que en el 2019 Cerrejón aportó el 45,4% ($4.4 billones) a la composición sectorial del PIB departamental, generando en ese año 5.896 empleos directos, de los cuales el 66% (3.910) son personas de La Guajira y 5.166 empleos indirectos. En términos de exportaciones para el primer trimestre de 2020 generó ganancias de 1.8 billones de pesos.

El cierre de la mina traería impactos negativos al Departamento, puesto que más de 44.000 personas entre trabajadores y sus familias, dejarían de recibir en sueldos y prestaciones $832.485.972, afectando la economía local y para los proveedores y contratistas supondría una pérdida de 91.281 millones de pesos. Así mismo, se dejarían de invertir $12.300 millones en programas sociales, se afectaría el acceso al agua potable de 33 poblaciones y las becas educativas de 17.000 estudiantes. (Datos del Informe de Sostenibilidad 2019 del Cerrejón).

Por otro lado, en el tema de la explotación del gas natural la situación también es preocupante. En el 2017 la Unidad de Planeación Minero-Energética de MinMinas –Upme–, manifestaba que las reservas de gas existentes en el Departamento se encuentran declinando desde el 2014, alcanzando a ser solo en el 2016 del 22%, en el 2017 del 20% y en el 2025 será del 9% de las reservas nacionales probadas.