Líderes amenazados de Fonseca entutelan a la Fiscalía General de la Nación por no avanzar en los procesos investigativos

Ante el creciente número de masacres, amenazas, señalamientos y desplazamiento a líderes sociales del departamento de La Guajira, muchos líderes sociales sienten que los órganos de investigación judicial, creados por la Constitución, “no hacen nada o no tienen interés” de avanzar con celeridad para aclarar y buscar a los responsables de estos hechos.

“Nuestras denuncias se duermen en los escritorios y anaqueles de los funcionarios asignados”, expresan los líderes sociales afectados.

Durante el segundo semestre del 2020, líderes de Fonseca fueron objeto de amenazas, a través de pasquines, panfletos, mensajes de textos y llamadas intimidantes. 

Cabe recordar el caso que cobró mayor relevancia en la ‘Villa de San Agustín’, fue el ocurrido al líder sindical del magisterio de este municipio, Alexandro Hernández Rodríguez, quien el 2 de junio del presente año en su inmueble sufrió un atentado a bala, que interrumpió la tranquilidad de él y su familia. Su casa fue impactada por tres tiros hechos desde la calle en horas de la madrugada, ocasionando destrucción de vidrios, puertas y ventanas del inmueble y el auto.

Manifestó el docente Hernández Rodríguez que instauró una demanda ante la Sijín y en la Fiscalía seccional de Maicao, esta última tiene a su cargo la respectiva investigación.

El pasado 28 de septiembre presentó una petición a la Fiscalía en Maicao, donde fue asignada la investigación, en busca de respuestas sin que este haya respondido lo solicitado. Por ello, el docente amenazado instauró ante el juzgado una tutela, admitida el pasado 26 de noviembre para que este ente investigativo responda y brinde información clara y precisa sobre qué avance presenta su caso que ya tiene 150 días de investigación.

“Me resisto a ser un número más de los inmolados en este país, es necesario que se aclaren los rumores que en el municipio corren, se hace necesario llegar al autor o autores intelectuales del atentado, sin que se desestime los autores materiales. Se necesita aclarar si hay dineros de la gratuidad educativa involucrados en este hecho. Es decir, descartar todo lo manifestado en mis declaraciones judiciales. Requiero respuestas y avances”, dijo el docente.

Finalmente expresó que también conoció que otros líderes han decidido llevar su caso a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, porque según ellos “los entes seccionales no les generan confianza, ante la posible manipulación de sus denuncias, así como el paseo judicial entre investigadores”.