Alrededor de 13.546 niños de 17 instituciones educativas de La Guajira se podrían quedar sin la dotación necesaria para el desarrollo de sus actividades escolares, ante la presunta negligencia de funcionarios de la Gobernación.
Se trata de una orden de compra de fecha 11 de noviembre de 2018 que tiene como finalidad la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento, la cual no ha sido autorizada para su ejecución.
Esta situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes mediante un derecho de petición enviado al gobernador encargado Jhon Fuente Medina.
“Se sirva informar a esta empresa cuáles son las acciones que ha realizado el departamento de La Guajira para el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual del que surgió la orden de compra en referencia. Se sirva informar a este contratista las razones del porqué a la fecha no se ha realizado el tramite interno administrativo, con el objeto de suplir la dotación del mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de La Guajira”, dice entre sus apartes el derecho de petición.
El documento también fue oficiado a la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía General, Oficina de Contratación, Dirección Departamental de Planeación, Secretaría de Hacienda y de Transparencia de la Presidencia de la República.
Cabe indicar que estos dineros serán utilizados para la compra de elementos como sillas, cafetería, auditorio, tableros, muebles, puestos de trabajos, entre otros.
Al respecto se pronunció el abogado Janer Pérez Brito, quien emitió el derecho de petición.
“El Departamento se encuentra en mora de darle acta de inicio al contrato de suministro de la inmobiliaria para los colegios de los municipios no certificados, pese a que todo se hizo en debida forma, se adjudicó a través de licitación pública, existe la orden de compra pero por cosas ajenas al contratista, el departamento no ha iniciado o no ha expedido el certificado de disponibilidad presupuestal ni el registro de disponibilidad presupuestal”, afirmó el jurista.
De igual manera indicó que “le hemos hecho la solicitud a las entidades de control y a la misma Gobernación para que nos den razón del porqué los atrasos administrativos en este proceso para poder sacar adelante esta licitación, que ya está adjudicada”.