Mediante Resolución 2811 del 30 de diciembre de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social adopta “medidas prioritarias” para garantizar el acceso permanente a servicios de salud y una atención medica integral para el departamento de La Guajira, que permita asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todo el Pueblo Wayuú.
La medida de “obligatorio cumplimiento”, cobija a “las Entidades Promotoras de Salud Indígena (Epsi), los prestadores de servicios de salud, los proveedores de tecnologías en salud, las entidades territoriales de los órdenes municipal, distrital y departamental, al igual que la Superintendencia Nacional de Salud”.
El cumplimiento de las disposiciones estarán bajo continua inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, según designó el Ministerio.
Mediante la Resolución firmada por Diana Carolina Corcho Mejía, ministra de Salud y Protección Social, hace un llamado a las EPS y a las Epsi para “llevar a cabo la caracterización de la totalidad de la población afiliada residente en el territorio y perteneciente al Pueblo Wayuú en el interés de que sea garantizado el acceso a la provisión y prestación de servicios y tecnologías de salud”.
El documento indica además, que no será necesario autorizar de manera previa los controles de mujeres embarazadas; sus consultas por complicaciones durante el embarazo; la atención de niños y niñas menores de cinco años con síntomas de desnutrición aguda, moderada y severa; urgencias, y servicios por urgencias sin egreso hospitalario, entre otros.
La medida fue tomada a raíz de que entre el 25 y 27 de diciembre, tres menores de quince, nueve y cuatro meses, respectivamente, murieron en los municipios de Uribia y Maicao por desnutrición severa.
Ante esto, la Procuraduría General abrió una investigación por presunta negligencia de funcionarios en los últimos casos de muerte por desnutrición.
“Entre la información requerida por el Ministerio Público a las autoridades municipales y departamentales para establecer responsabilidades están las identidades precisas de los niños fallecidos, sus padres y familiares, los pormenores de cada caso, los programas de salud, seguridad alimentaria y otros a los que estas familias estuvieran adscritas”, informó la entidad.
También indaga la Procuraduría por “las políticas, planes y programas que se adelantan en el Departamento para evitar la muerte de niños, niñas y adolescentes por desnutrición, así como los nombres y cargos de los funcionarios responsables”.
Esta es la Resolución emitida por MinSalud.