“No tienen ningún sentido decir que esas facturas son falsas y que no se prestó el servicio”: abogado de empresa que demandó al Instramd

Luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha admitiera la acción de tutela del Instramd, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito, para que sean protegidos sus derechos fundamentales, el abogado de la parte demandante se pronunció.

En conversación con el noticiero Cardenal de La Guajira, Alex Curiel, en representación de la empresa Soproteco Ltda, afirmó que las facturas corresponden a un servicio de vigilancia que prestó la compañía.

“Cuando yo inicié el proceso ya estaba incurso otro proceso por otra factura que debía el Instramd a la empresa, que correspondió también al Juzgado Primero Civil del Distrito de Riohacha y ellos se notificaron, reconocieron la obligación y pagaron. Significa eso que el cumplimiento del Instramd es sucesivo. Las facturas se presentaron para su cobro el 20 de mayo de 2019 y el artículo 773 del Código de Comercio dice que cuando se presenta una factura tiene diez días para objetar el contenido de la misma, sino se entiende que es aceptada”, dijo.

Precisó que con base a esa factura, “que es igual que a una letra, un pagaré y un cheque”, se inicia el proceso ejecutivo.

“Yo he conversado con la directora del Instramd y con el abogado y solamente ahora es que salen que el servicio no se prestó, converso con mi cliente y dice que es algo que no tiene sentido, las facturas se presentaron, ellos prestaron el servicio de vigilancia, personal armado, es una irresponsabilidad poner en el tránsito personas que no saben del servicio de vigilancia, a que cuiden los vehículos que inmovilizan en las calles. No sé cómo se estará prestando el servicio ahora, pero así es como se debe prestar el servicio, con una empresa de vigilancia”, agregó.

Por eso, indicó, “no tienen ningún sentido decir que esas facturas son falsas y que no se prestó el servicio”.

Alex Curiel.

Entretanto, el asesor externo del Instramd, Jaime Peralta, señaló que, primero, presentaron la demanda con unas facturas que ya habían sido objetos de pagos mediante dos notas debito que hicieron ante el banco Davivienda.

Posteriormente, aclararon la demanda y anexaron dos facturas que no tienen nota de recibido del deudor, “en este caso del representante legal del Instramd o la persona que este delegue”.

“Segundo, la misma factura tiene una nota de aceptación prescrita que es ilegal porque el Código de Comercio establece que esa figura le corresponde hacerla es al deudor una vez la factura sea presentada”, sostuvo.

Precisó que desde el pasado 21 de mayo el nuevo equipo jurídico del Instramd estuvo solicitándole al juez que digitalizara el proceso para poder conocerlo y se negó a hacerlo.

“Solamente lo hizo hasta el día de antes de ayer cuando se dio cuenta de la presentación de la tutela. En ese orden, no podía el Instramd conocer el proceso porque lamentablemente la pandemia impide ir a ver físicamente los documentos sino se hace digitalmente. Entonces sí se negó el acceso al expediente a la justicia y ahí están las pruebas”, expresó.

Además, Peralta manifestó que no existen contrato alguno que justifique el cobro de la obligación y al respecto, pues “la ley 80 de 1993 establece que las obligaciones contraídas por las entidades públicas deben estar previamente soportadas en un contrato con la formalidades plenas que la misma ley establece. Y ayer revisando complemente el expediente nos encontramos que el señor está cobrando una factura de un servicio que no se prestó, que no tiene recibido de parte del deudor y que no está apoyada en un contrato”, apuntó.

Por este hecho, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha embargó las cuentas del Instramd por 490 millones de pesos, dineros que debían ser destinados al pago de salarios de trabajadores.

Jaime Peralta.