Pasos para construir políticas públicas que ordena la Sentencia T-302 para garantizar derechos al pueblo wayuú

La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira el cual solo será superado cuando se logren las siguientes metas.

1. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años alcance la meta establecida en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o al menos alcance el nivel promedio del país. 2. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años alcance la meta establecida en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o al menos alcance el nivel promedio del país. 3. Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años alcance la meta establecida en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o al menos alcance el nivel promedio del país. 4. Prevalencia de desnutrición aguda debe disminuir hasta la meta establecida en el marco del mecanismo especial de seguimiento o al menos debe alcanzar el nivel promedio del país.

Ordenó la construcción de una política pública con 8 objetivos mínimos constitucionales, entendiéndose como mínimas acciones a desarrollar, no excluyendo otras  que puedan contribuir al logro de esas metas, cuyo horizonte deberá ser hasta alcanzar 4 de ellas, duración que se entiende, no puede ser indefinido en el tiempo, dado que esto implica un costo en vidas de niños wayuú.

Estos 8 objetivos, cuyas acciones deben ser planificadas, y los  resultados deben impactar finalmente las 4 metas para superar el estado de cosas inconstitucional, no pueden ser al azar, ni a ciegas, cada acción en agua, seguridad y atención alimentaria, salud y movilidad, debe estar orientada a lograr impactar la situación de morbimortalidad infantil por desnutrición. Para ello  se debe establecer medidas econométricas que indiquen qué acciones se deben desarrollar y qué resultados se espera lograr (medibles), y estos como impactan en su sumatoria el resultados final.

Estos objetivos debidamente ordenados e integrados, deben ser construidos y llevados a una política pública (que normalmente se oficializan a través de un Conpes), o de un mecanismo que la Corte Constitucional denominó ‘Diálogo genuino’, que se diferencia profundamente de la  consulta previa tradicional, dado que el primero implica la construcción conjunta con el pueblo wayuú de la política pública, y la segunda, se limita a exponer o socializar oferta institucional.

Las dos no se excluyen, solo tiene aplicación en momentos diferentes de ejecución de la sentencia.

Los objetivos

Estos objetivos mínimos constitucionales se dividen en dos grupos: 4 son derechos sociales y económicos, y restantes cuatro a alistamientos institucionales para poder garantizar el cumplimiento.

El primer objetivo hace referencia a aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua para el pueblo wayuú, lo cual se puede lograr a través de obras como pozos profundos, plantas desalinizadoras, equipos de potabilización, microacueductos, reparación de molinos y jagüeyes, distribución por carros cisterna, etc.

Se debe garantizar cobertura universal y un mínimo de 20 litros per cápita por día (suministro continuo) en cada corregimiento y comunidad, la fuente de abastecimiento no debe estar a más de 2 horas de recorrido.

El segundo objetivo ordena mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria. En este aspecto, ordena mejorar efectividad de programas vigentes (programas Icbf y PAE) lo cual debe garantizar universalidad de niños wayuú beneficiados.  

Frente a la seguridad alimentaria, ordena aumento en la cobertura de programas existentes, generar capacidades en municipios (implica fortalecer capacidad de brindar asistencia técnica agropecuaria), capacitar asociaciones indígenas para realizar intervenciones en seguridad alimentaria. Los proyectos deben ser adaptados a cada territorio wayuú y tener una duración de más de cinco años para que continúen operando. Además se debe generar programas de generación de empleo.

El tercer objetivo es aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes de salud; formular e implementar una política de salud que permita asegurar el goce efectivo de este derecho, para lo cual ordena aumentar equipos extramurales, beneficiarios, número de brigadas por equipo extramural, publicitar una línea de atención para desnutrición, y establecer formas de comunicación para quienes no tienen línea de telefonía fija.

También ordena formular e implementar una política de salud diferencial que permita asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todos los wayuú para lo cual ordena organizar y consolidar la red prestadora de servicios de salud en el Departamento lo que implicaría aumentar el número de centros y puestos de salud, fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control de la Supersalud.

Cuarto objetivo económico y social hace referencia a la accesibilidad al territorio, es decir, la construcción y mejoramiento de vías secundarias y terciarias que permita movilizarse en condiciones de seguridad en los territorios para que los tres primeros mandatos se puedan desarrollar.

Quinto objetivo: mejorar la información disponible para la toma de decisiones para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional, entre los cuales la Corte establece crear un sistema de información, que sea interoperable, un censo realizado por el Dane.

Sexto objetivo: ordena garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios, para ello la Corte ordena establecer criterios públicos y objetivos para la focalización o selección de beneficiarios de cada acción y explicar públicamente cómo se aplicaron esos criterios en cada caso, para ello los sistemas de información de beneficiarios (censo) es fundamental. 

También ordena garantizar la imparcialidad y la transparencia en la selección de contratistas, publicación de todos los contratos en plataformas accesibles para las comunidades (plataforma Secop II no facilita esto), priorizar investigaciones y actuaciones sancionatorias y crear canales específicos para recibir denuncias, etc.

Séptimo objetivo: ordena garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones para lo cual se debe formular o actualizar proyectos tipo; determinar costos de las acciones y establecer la suficiencia o no de recursos; identificar las acciones que requieran vigencias futuras y comprometerlas; priorizar la superación del estado de cosas inconstitucional en la formulación de proyectos de inversión nacionales y en los financiados  con regalías y recursos propios por parte de las entidades territoriales.

En este sentido, la Veeduría Ciudadana no logra entender cómo el Gobierno Nacional ofertó recientemente $800.000 millones para atender la crisis wayuú sin haber construido la política pública, ni saber cuáles son las comunidades que debe intervenir.

Octavo objetivo: garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayuú, tema que dejaremos para un próximo artículo de la Veeduría Ciudadana dada su alta complejidad.

Fuente: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.