Pilas públicas: un ambicioso proyecto con problemas de cobertura y dudas en la sostenibilidad

Hace unos días se hizo aún más evidente el problema del suministro de agua potable, dentro de un departamento que ha padecido de sed por varios años.

Esta vez, el bloqueo se presentaba en la vía que conduce de Riohacha a Santa Marta, a la altura del corregimiento de Camarones, en donde sus habitantes protestaban por la falta de suministro del preciado líquido, afirmando que no tenían ni siquiera para el consumo diario y que su abastecimiento lo hacían recurriendo a jagüeyes o pozos artesanales donde la calidad, aprovechamiento y potabilidad del agua es nula.

Este panorama contrasta con el que se veía hace un par de semanas atrás, cuando el presidente Iván Duque cortaba la cinta  naranja en la inauguración de la pila pública en el corregimiento de Wimpeshi, una más que se suma al programa de Guajira Azul y  que tiene como objetivo, aumentar el cubrimiento de agua potable para la población rural dispersa y lograr pasar de un 4% de cobertura a un 70% en el territorio para el 2022.

Sin embargo, la emoción de las inauguraciones  pasa cuando las poblaciones, inclusive  las urbanas, ven como los módulos principales no dan abasto para la gran demanda que tienen. Como es el caso de Casa Azul, módulo que debe abastecer también al casco urbano de Manaure y esto se evidencia en la larga fila de carrotanques que se ven desde muy temprano tratando de lograr un turno para el  suministro de agua.

Otro de los inconvenientes que tiene este programa, es el abastecimiento de las pilas satélites, que dependen del transporte de agua en carrotanques, ya que en algunos casos  no existen vías que conecten las pilas públicas satélites con la central y que garanticen el abastecimiento permanente de agua como se requiere; incluso en época de lluvia, poblaciones enteras quedan  incomunicadas y sin la posibilidad del abastecimiento de los programas de Guajira Azul.

Para esto, el gobierno ha realizado entregas de bicicletas para que las poblaciones más apartadas  puedan acceder de manera efectiva a las pilas públicas más cercanas, pero cada familia debe realizar por lo menos 3 viajes al día para poder abastecerse de los 10 litros que entregan por persona para el consumo diario.

El problema de vías, sumado a la distancia entre las pilas satelitales, que dejan sin abastecimiento a muchas comunidades indígenas, obligan a las rancherías y familias a optar por sistemas de auto abastecimiento con la construcción de pozos artesanales, que en muchas ocasiones, cobran la vida de los constructores pues su precario sistema de perforación hace que las paredes sean inestables por la gran profundidad que deben cavar, antes de hallar agua potable.

En el caso de los pozos que usan sistemas de bombas sumergibles y sistemas aerodesalinizadores para garantizar la potabilidad de agua, el mantenimiento y la correcta implementación de los sistemas que lo componen, hacen que la comunidad deba conseguir los recursos necesarios para su mantenimiento y así evitar la pérdida del pozo como se ha evidenciado en las soluciones implementadas por el DPS en los municipios de Manaure y Uribia.

Hoy el Gobierno anuncia la apertura de múltiples licitaciones para la construcción de nuevas soluciones de agua representadas en 7 módulos de pilas públicas y 37 pilas satélites que beneficiarían a 56 mil personas, pero el verdadero reto consiste en implementar las vías de comunicación entre las pilas satélites con la productora madre, para lograr el abastecimiento permanente del líquido. Reto que está en las manos de la nueva secretaria de obras públicas y departamentales Anglys Maestre y que seguramente estará contemplado dentro de su cronograma departamental.

Mientras esto ocurre y se da inicio a las obras establecidas, las poblaciones aún deben recurrir a la compra de pimpinas de agua de Jagüey, cada una con un valor entre $ 2 mil y $ 3 mil, para poder saciar la necesidad de agua de sus familias.  El equipo técnico de la Veeduría pudo constatar que en Carrizal, Uribia, una pimpina de agua de jagüey cuesta $2.500. 

Pero la temporada seca también amenaza esos reservorios de agua que cada vez luce más turbia y densa, lo que obliga a las comunidades a tomarla con alta presencia de barro ante la imposibilidad del suministro de agua potable, hechos que la Corte Constitucional deseaba erradicar a partir de la declaración del estado de cosas inconstitucional, conminando a 25 instituciones del Estado a intervenir y mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas wayuú.

En algunas oportunidades, el abastecimiento de agua se le exige a las empresas privadas que buscan acceder a territorio indígena en los procesos de producción de energía eólica, como en el caso de la comunidad de Mashumanay Flor de la Frontera en Uribia,  quienes le exigieron a Enel Green Power un pozo de agua como punto inicial a las negociaciones para que en su territorio sea instalado un parque eólico y pasen las torres con la línea de transmisión  eléctrica al sistema interconectado nacional.

“Es como una pedida de mano, es un inicio a las negociaciones, pero aún tenemos mucho que negociar”, afirma la autoridad del lugar, quien nos cuenta que esta solución de agua le sirve a ella y a 30 familias más que componen su comunidad y que aunque se encuentra cerca a la pila satélite inaugurada por el presidente Duque, ella reconoce que tienen un problema serio para el abastecimiento del agua por las condiciones de las vías.

A pesar de que la misma autoridad le solicitó personalmente al Ministro de vivienda Jonathan Malagón el arreglo de las vías, por ahora la única solución que le dio el funcionario fue la posibilidad de acceder al programa de bicicletas para el transporte de agua instaurado por esta cartera ministerial.

No hay que desconocer que las pilas públicas si han representado un cambio para las comunidades que tienen la ventaja de acceder a ellas, pues la disminución de muerte por desnutrición o enfermedades asociadas ha bajado sustantivamente en dichas áreas al tener suministro de agua potable.

Empero, hay mucho trabajo que se debe implementar para que esta solución de agua sea progresiva y universal para lograr cumplir con los indicadores planteados dentro de la Sentencia T-302 del 2017 que plantean la necesidad urgente de que las comunidades indígenas obtengan agua de manera permanente, potable y suficiente, no solo para el consumo personal, sino para el consumo de animales y riego de huertas casera que les permita el sostenimiento de sus familias.

Fuente Veeduría Ciudadana para la implementación a la Sentencia T-302 de 2017.