Por falta de identificación, niños wayuú no pueden acceder a los programas del Estado

Acceder a la identificación, a un nombre, es un derecho humano y por tanto fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Este derecho comprende diversos aspectos que distinguen a una persona de otra, e incluye tener y portar un documento institucional en donde se determina la ciudadanía y su origen.

Las legislaciones nacional e internacional señalan claramente que la identificación es un derecho que tienen los seres humanos al nacer.  Su importancia radica en el hecho de dotar a las personas de existencia legal, permitiéndole el ejercicio de los otros derechos. Con ella las autoridades pueden conocer en términos reales el número de personas que integran la Nación y por lo tanto, se podrán planificar e implementar adecuadamente las políticas públicas y el desarrollo colectivo.

Por estos días y en medio de la pandemia, Colombia avanza hacia una etapa de normalidad, y aunque en La Guajira parece que la vida continúa de manera ‘normal’ desde hace varios meses por la cantidad de gente que vemos en las calles, mercados y bancos, en la actualidad se advierten nuevas congestiones en oficinas públicas y privadas que habían aplazado la atención presencial por causa del confinamiento obligatorio.

Las largas filas se presentan en Notarías y Registradurías, donde la mayoría de personas son madres cumpliendo con la obligación de registrar a los menores nacidos durante la emergencia social, económica y de salud.

El problema que se presenta, es que a pesar de la larga espera, aún no logran contar con un servicio adecuado que les permitan registrar a los pequeños, quienes necesitan con urgencia el registro civil para acceder a los sistemas de salud y a los beneficios que otorga el Estado al recién nacido, como a la madre lactante.

Betty Jayariyú, indígena wayuú de la comunidad Kepischon, en Uribia, ha intentado durante 4 meses acceder a este derecho de registro, pero todas las veces se encuentra con una negativa. “Hace 4 meses nació mi hijo en la clínica y me dijeron que debía registrarlo rápidamente para que pudiera acceder a la atención que requiere el niño, pero hasta el día de hoy no ha sido posible”, comenta Betty, que ve cómo su hijo va perdiendo peso y talla.

Y es que las primeras negativas, como era de esperarse, comenzaron luego del nacimiento del pequeño Luis José, ya que en el primer intento de acercamiento a la Notaría, no se pudo realizar el trámite de registro porque no se encontraba disponible la atención de manera presencial, lo que obligó a Betty a esperar a que se reanudaran los servicios.

Sin vacunas ni atención pediátrica o asistencia alimentaria en medio de una pandemia que va creciendo aceleradamente, Betty vio con esperanza la nueva directriz del Gobierno de reanudar la atención.

Nuevamente, esta mujer wayuú salió de la ranchería llevando en brazos a su pequeño hijo, antes de que el sol calentara sus pasos y sofocara la pequeña humanidad de Luis José.

En la fila, así como ella, se encontraban varias madres indígenas con sus pequeños bebés tratando de realizar el mismo proceso, pero otra vez la única respuesta que obtuvo fue un tiempo más de espera. “Es frustrante, ahora me dicen que debo esperar 15 días más porque no tienen el papel que se necesita para registrarlo”,  dice con resignación, que aunque su hijo tiene nombre, para el Estado es un NN, sin derechos, oportunidades, atención y sin beneficios, una violación más para sumarle a las registradas dentro de la Sentencia T-302 del 2017. 

Esto es generalizado en las rancherías de la Alta y Media Guajira.  Las madres tienen que viajar 5 horas desde sus comunidades hasta la Registraduría más cercana para obtener las mismas respuestas como: “vuelva mañana, pero más temprano… le falta llenar otro documento… le faltó adjuntar un papel…”, lo que las obliga a devolverse derrotadas y con los niños a cuestas.

“Aquí hay mucho niño sin ese documento”, comenta la docente Antonia Sierra, “es un suplicio para los padres de familia que deben salir arriesgando la vida de los niños para llevarlos hasta Uribia en moto y que allá les digan que no se puede hacer el trámite, y después cuando se enferman no hay cómo acceder a los sistemas de salud porque el niño no existe. En estos casos, la muerte es inevitable”.

Acciones contra el subregistro

Las autoridades, profesores y padres de familia ven con urgencia la realización de jornadas de registros masivos en las rancherías para poder inscribir a los niños que han nacido, así como los que aún no tienen ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado, a pesar de los años que ya llevan de vivir y transitar por el territorio colombiano.

La Guajira en 2019, presenta un subregistro de 7,2%, colocándola después del Chocó en segundo lugar en el país. Es válido anotar que el subregistro de la población a nivel nacional es de 3,2% y en la Costa Caribe de 5,1%.

En consistencia con el Sisbén, durante el mismo año contaba con una población sin documento de identidad que asciende a 27.661 personas de las cuales 3.652 se encuentran sin Tarjeta de Identidad, 16.111 sin Cédula de Ciudadanía y 7.894 sin Libreta Militar, lo que se convierte en un componente de exclusión a los servicios sociales prestados por el Estado.

En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional les recuerda a las instituciones del sector de Notariado y Registro, que la situación de indocumentación en la que se encuentran niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres de la población indígena wayuú del Departamento, los coloca en una posición de desventaja respecto a sus pares, manteniéndolos en el círculo de pobreza y discriminación.

La situación de invisibilidad de las niñas y niños cuyo nacimiento no ha sido registrado, incrementa el riesgo de sufrir diversas situaciones de vulneración de sus derechos, y los exponen aún más a la negligencia, el abuso y la explotación; situaciones de las que no son ajenas las mujeres que al mantenerse como indocumentadas están reproduciendo y prolongando la situación de exclusión en la que se encuentran con sus hijos.

Fuente: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T302 del 2017