“Someterse a la Ley 550 es la única salida para que La Guajira enderece su camino”: gobernador Nemesio Roys

20 años después de haber sido sometido el departamento de La Guajira a la Ley 550 o de reestructuración de pasivos, se estudia nuevamente acogerse a la medida por la crisis administrativa y financiera de los últimos años.

Para el gobernador Nemesio Roys Garzón, proponerle a la Asamblea la opción de la Ley 550 para el Departamento, es la única salida para que La Guajira comience a enderezar su camino y a saldar tantas deudas que ascienden a más de medio billón de pesos.

“No hay forma de continuar como hemos venido durante tantos años, con cuentas embargadas, con los contratistas que se quiebran porque la Gobernación no les paga, con la Universidad suspendiendo porque no hay recursos, con los hospitales y con las clínicas que tampoco se les pagan sus facturas de salud, hemos revisado de manera detallada las finanzas del Departamento y la mejor opción es que comience a ponerse al día”, dijo a periodistas del Noticiero Cardenal de La Guajira.

El mandatario refirió que contrario a lo que se cree, someterse a la reestructuración de pasivos es una gran ventaja para el territorio peninsular, más con la reforma al Sistema General de Regalías.

“Una gran ventaja a nosotros es la reforma al Sistema General de Regalías, porque esos recursos no van a poder ser usados para la reestructuración de pasivos, esto es lo que le va a permitir al departamento de La Guajira tener un doble camino durante este periodo, un camino de poder enderezar las finanzas, parar sus deudas pero a la vez  no parar la intensión y poder implementar las obras y programas del Plan de Desarrollo”, afirmó.

Cabe mencionar que actualmente del 100% de los recursos que recibe la Gobernación, 74% son de regalías y al no estar esos recursos comprometidos en la Ley 550 (por la reforma al SGR), se podrán destinar a otros programas.

“Significa que esos recursos (de regalías) se van a destinar a las obras, programas e inversión que se establecieron en campaña y quedaron sostenidos en el Plan de Desarrollo. Con el 26% restante es que se va a pagar la deuda, a ordenar la casa, para fortalecer a la Gobernación y que quede realmente armonizada con todos los sistemas a nivel nacional”, apuntó el gobernador, que también dejó claro que la deuda del Departamento está en alrededor de 620 mil millones de pesos.

“El mensaje a los acreedores es claro: su plata no se va a perder. La deuda queda completamente reconocida, todas las deudas se revisan por el Ministerio de Hacienda y va a ser ese valor sobre el cual se hará el acuerdo de pago. Va a estar el Ministerio monitoreando que los recursos que se programen para eso realmente sean utilizados para eso. La Ley 550 primero hace pagos laborales, segundo pagos de seguridad social y entidades públicas y tercero a entidades privadas”, puntualizó.

Por su parte, el exdiputado Idelfonso ‘Poncho’ Medina celebró la decisión del gobernador, pues con la Ley 550 “ganan todos”.

“Ganan los acreedores que llevan años esperando a que un gobierno les cumpla los compromisos contractuales en los negocios jurídicos que han celebrado con la Gobernación y también gana la administración que se fortalece y puede tener los recursos destinados verdaderamente a cumplir todas las tareas misionales”, dijo.

Asimismo, aclaró que la Ley 550 como algunos erróneamente han pensado, no es para que las entidades que se someten a ella evadan las obligaciones, al contrario “va a poder contar con los recursos para hacerle frente a las deudas”.

“La verdad es que celebro que el gobernador haya tomado esta decisión, ya queda en manos de la Asamblea a su libre saber y entender que ellos pueda tramitar de forma positiva o negativa esta iniciativa del gobernador”, mencionó.

Es de recordar que en el 2000, el entonces gobernador Álvaro Cuello Blanchar sometió al departamento de La Guajira a la Ley 500 o de reestructuración de pasivos. Hoy nuevamente se estudia la posibilidad por las dificultades institucionales que han desencadenado en una crisis financiera, representada en demandas, embargos e incumplimientos de pago a entidades públicas y privadas.