En el marco de la jornada especial de intervención en el departamento de La Guajira, la Superintendencia Nacional de Salud reveló los preocupantes resultados del diagnóstico del aseguramiento de salud para la población indígena. La finalidad de esta iniciativa es adoptar acciones verificables y de inmediato cumplimiento que solucionen las problemáticas de salud territorial en la región.
Durante la socialización del análisis, que se llevó a cabo en presencia de representantes regionales de las EPS Cajacopi, Anas Wayuu, Dusakawi, EPS Familiar de Colombia, AIC y autoridades locales, se examinaron las garantías de prestación del servicio de salud para la población afiliada y se enfatizó en la contratación y el flujo efectivo de recursos.
La delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, María Isabel Ángel, reveló que se identificaron 14 de los 27 casos reportados de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años durante este año en las 5 EPS auditadas. Estos casos se distribuyeron de la siguiente manera: 1 en AIC, 2 en EPS Familiar de Colombia, 7 en Dusakawi y 4 casos en Anas Wayuu.
El Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, expresó la triple preocupación del Gobierno Nacional por esta región del país, relacionada con la mortalidad materna, la desnutrición en menores de 5 años y el uso eficiente de los recursos y las funciones del aseguramiento de las EPS.
«Desde el Gobierno Nacional existe una triple preocupación por esta región del país relacionada con la mortalidad materna, la desnutrición en menores de 5 años y el uso eficiente de los recursos y las funciones del aseguramiento de las EPS. No podemos seguir permitiendo las fallas en la prestación que siguen cobrando vidas», dijo el Superintendente de Salud.
Beltrán López afirmó que no se pueden permitir las fallas en la prestación que continúan cobrando vidas y que es necesario actuar de inmediato para garantizar un aseguramiento oportuno, integral y de calidad para los ciudadanos. En ese sentido, destacó la presencia y la funcionalidad de la Supersalud en la región.
“Lo que ocurre en La Guajira es preocupante y no puede continuar, debemos actuar de inmediato para garantizar un aseguramiento oportuno, integral y de calidad a los ciudadanos. Hoy la Supersalud está actuando de manera presencial y funcional», agregó.
Por otro lado, se identificó un deficiente análisis en cuanto a la suficiencia de la red de prestación de servicios contratada por cada una de las EPS que operan en el territorio, evidenciando la falta de suficiencia e integralidad necesaria para garantizar la atención oportuna a la población afiliada. Por tanto, la Superintendencia instó a los representantes de las EPS a tomar las acciones necesarias para mejorar los indicadores de salud registrados.
Asimismo, se verificó el comportamiento del flujo de recursos entre las entidades responsables de pago y la red de servicios, y se encontraron bajos porcentajes de transferencia de recursos, a pesar de tratarse de EPS del régimen subsidiado.
En este sentido, la delegada de la Supersalud destacó que se identificó una concentración de contratación y pagos hacia las IPS indígenas, en detrimento de la red pública habilitada en el departamento. Esta situación pone en riesgo la prestación de los servicios de salud.
“En el diagnóstico realizado identificamos una concentración de contratación y pagos hacia las IPS indígenas, en detrimento de la red pública habilitada en el departamento, lo que deja en riesgo la prestación de los servicios de salud”, aseguró la delegada de Supersalud.
Al cierre de marzo de 2023, las cuentas por pagar de estas entidades con la red de atención ascendían a más de $67.000 millones. Los montos se distribuyen de la siguiente manera: Anas Wayuu con $$31.157 millones; Dusakawi, $21.689 millones; EPS Familiar de Colombia, $9.659 millones; AIC, $2.294 millones; y Cajacopi, $2.273 millones.
En simultaneo al proceso de socialización de los resultados y las alertas respectivas, se desarrollan auditorías a 5 de las EPS con presencia en el departamento para verificar la garantía en la prestación de servicios y entrega de medicamentos, el seguimiento a los casos por desnutrición infantil en menores de 5 años, la garantía a la libre escogencia de EPS y unificación del grupo familiar a través del seguimiento a las reclamaciones radicadas por los usuarios y el cumplimiento a los acuerdos de pago y flujo efectivo de recursos.