Borrón y cuenta nueva

(segunda parte)

En cuanto a la gestión y operatividad del SGR se dio un paso importante al reducir el número de los órganos colegiados de administración y decisión (Ocad) de 1.152 a solo 8,6 regionales más el de Paz y el de CTeI. Las regiones le ganaron el pulso al Gobierno en el Congreso en torno a la viabilización de los proyectos susceptibles de financiar con las regalías y a la secretaría técnica de los Ocad.

El Gobierno nacional quiso arrogarse la competencia de la viabilización de todos los proyectos financiados con los recursos correspondientes a la Asignación para la Inversión Regional, pero finalmente se llegó a una solución de compromiso en la cual  solo el 40% de la misma estaría sujeta a la viabilización por parte de los ministerios y los departamentos administrativos y a la secretaría técnica del DNP. Aplica también este último caso cuando se involucren recursos de la nación por la vía de la cofinanciación de proyectos o en aquellos casos en los que se comprometan vigencias futuras.

Empero, la distracción que causó el insulso debate a que dio lugar una interpretación equivocada del artículo 210 de la ponencia del proyecto de ley, permitió que se colara la facultad del Gobierno nacional para presentar proyectos a este Ocad con cargo a dichos recursos, que son de las regiones, solo que ahora lo podrá hacer “previo acuerdo con las entidades territoriales”.

De resto, serán las entidades territoriales, así como también los pueblos indígenas, las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras las que en ejercicio de la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política, las que priorizarán y viabilizarán sus proyectos de inversión y ejercerán la secretaría técnica de los Ocad regionales a la hora de tramitar los proyectos a financiar con el 60% de la Asignación para la Inversión Regional. Esta es una gran reivindicación de la Autonomía territorial, ya que el 70% de los recursos de los del SGR se ejecutarán sin pasar por los Ocad, que se habían convertido en palos en las ruedas que frenaban la inversión de los mismos.

Ello entraña una responsabilidad mayor de parte de las autoridades de las entidades territoriales, que deberán garantizar un manejo pulcro y transparente de estos recursos, que por ser públicos son sagrados. Para ello es menester que se imponga el Gobierno abierto (en línea), para que la contratación y la ejecución de los proyectos se dé a la luz pública, a la vista de todos y así hacer efectivo el control social.