En Colombia la seguridad es efímera y frágil, sin gozar de garantías para protección: particular, colectiva, selectiva y masiva. Si el Estado no garantiza seguridad, quedamos al acecho de las acciones criminales delincuenciales, como está ocurriendo en esta nación desde hace mucho rato. Homicidios y robos en distintas modalidades, terrorismo infundiendo miedo, tráficos, extorsiones, estafas, fraudes, corrupciones, prevaricatos, peculados, etc.
Es necesario que se prevengan los actos delictivos, con operaciones estratégicas, apoyo social y comunitario; concadenadas por las autoridades policivas y penales, aunando fuerzas de cooperaciones a efectos de delatar, denunciar, abortar y frustrar las consumaciones de hechos delictivos.
La política contra la delincuencia debe girar más hacia la prevención que a la persecución de delincuentes pos consumación de la acción delictiva. Los delincuentes no temen a las cárceles que por cierto están atiborradas en hacinamiento. Tenemos delincuentes en libertad más que el volumen de reclusos encarcelados. Se necesitarían construir muchas cárceles para confinar la delincuencia desatada y apoyada algunas por cuerpo armado oficial del Estado, generando graves problemas de grandes riesgos. Si no se hace nada para direccionar el rumbo de nuestros territorios: locales, departamentales y nacional, con diferentes actuaciones distintas de las tradicionales en lo relativo a controles y prevenciones efectivas de seguridad. Que se erradiquen las malezas y frutos podridos, se abone e irrigue la tierra con alternativas tecnológicas, complementada con generación y promoción de empleos, implementando producción, arte, cultura, recreación y deporte participativo e indiscriminado. Los delincuentes también son víctimas en la utilización de oficio y ocupación que los comprometen a lo inimaginable, sujetado y sometidos a servicios delictivos en organizaciones y bandas criminales, también necesitan resocialización como una solución de seguridad ciudadana.
El incremento de volúmenes en fuerzas policivas no es tanto lo que incide para bajar el índice del hecho y actos delincuenciales. Se requiere de educación y oportunidad de trabajo. Muchas personas salen de las cárceles en procura de algo diferente a lo ilícito, para cambiar el estilo de vida, pero no la encuentran. ¿Qué les toca? Volver a delinquir, porque en la cárcel tienen que comer y en libertad pasan necesidades. La ciudadanía no puede seguir permaneciendo preocupada y en zozobra por miedo a falta de seguridad. Debemos dejar de ser pasivos, temerosos, negativos e indiferentes. Los hechos delincuenciales nos afectan a todos, globalmente a la sociedad y comunidades, así recaiga sobre cualquier persona determinada. Debemos superar el miedo y enfrentar con dignidad y apoyo solidarios en circunstancias de inseguridad, armado de valores y razones para contrarrestar, resistir y defender. “Hoy por ti, mañana por mí”. “Uno para todos y todos para uno”, parodiando “la unidad hace la fuerza”.
Las muertes selectivas de líderes sociales, defensores de derechos humanos, medio ambiente y reinsertados de las Farc, atribuidos a las disidencias de guerrilla, paramilitarismo y el narcotráfico, llaman la atención de la falta de protección a personas en eminente peligro. Al igual que las continuas amenazas y extorsiones que se constituyen en generadores de violencias, que debemos erradicar con la participación delincuencial de manera directa. Es obligación del Estado o Nación, proteger el derecho a la vida, salud, bienes y honra de las personas.
Las extorsiones y amenazas, desalojo forzados, destierros y cualquier práctica perversa utilizada para aterrorizar, amedrentar, generando pánico y zozobra, deben ser aniquiladas con las prácticas de implementación tecnológica que se instalen de manera general en espacios públicos, establecimientos de industria, comercio, servicios, públicos y propiedades privadas en las cuales podemos mencionar cámaras aéreas de seguridad, censores, drones, interceptaciones de comunicaciones, reconocimiento de rostros y biométricos. Debe adoptarse de manera permanente los patrullajes de drones que se utilicen para detectar las operaciones sospechosas, verificables por agentes de policías en lugares predeterminados, acosando y acorralando a los delincuentes en operación candado. Con los fondos de los recursos de la contratación se debe destinar el 50% para la instalación de cámaras, reposiciones y mantenimiento, funcionando con energía solar o mixta, con tradicional hasta integrar todos los cuadrantes y comunas de las cabeceras municipales, vías, veredas y zonas rurales. De esta forma se facilita y agiliza las investigaciones fundamentadas en pruebas de imágenes capturadas.
Rechazo y repudio la amenaza dirigida a mi hijo Dean Martín Barros Fernández, en la que se conmina a salir de La Guajira. No tenemos por qué aceptar condiciones ilícitas en cumplimiento de una orden intimidante, ni destierro, independiente de dónde se origine.
Gracias a mis familiares, amigos, compañeros, allegados y todos aquellos que se han solidarizado en favor de la causa amenazante a mi hijo y la familia. Dios proveerá y nos protegerá de intenciones y predisposiciones malignas.