De la ingobernabilidad a la gobernanza

En nuestra Guajira estamos viviendo momentos difíciles que reflejan las características propias de un estado de ingobernabilidad gubernativa-relacionada con la capacidad para resolver la situación-, en algunos sectores de la vida pública, económica y social de este hermoso territorio. 

Dos ejemplos de este complejo contexto se resumen en, por un lado, la situación de incertidumbre que viven el actual gobernador y varios alcaldes municipales producto de las demandas legales que tienen sus elecciones como mandatarios territoriales, las cuales fueron presentadas inmediatamente después que fueron elegidos. Como resultado de estas demandas, ya los alcaldes de Manaure y de Fonseca, han recibido los respectivos fallos judiciales del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira declarando la nulidad de sus elecciones. Esta se ha convertido en una práctica recurrente que ha sido promovida recurrentemente por sectores políticos opositores coyunturales y profesionales del derecho. 

Por otro lado, están las múltiples acciones de hecho que se presentan contra la actividad privada, impidiendo su desarrollo normal, como es el caso del transporte del carbón de la empresa Cerrejón. Pero también es evidente que esos bloqueos generan pérdidas para La Guajira y sus habitantes, más allá de las de impedir la ayuda humanitaria, mediante el suministro de agua, a las comunidades indígenas localizadas a lo largo de la vía férrea.

Igual como esta hay otras situaciones de crisis que demuestran en forma patética la incapacidad del gobierno para hacer que se respeten los principios y valores del estado social de derecho. Se requiere entonces hacer el tránsito de esta situación de ingobernabilidad hacia la gobernanza. El concepto implica dos dimensiones fundamentales de la vida humana en sociedad: La intencionalidad y la capacidad sociales de transformar los propósitos en realidades. El segundo corolario es el modo de integrarlos a la gobernación de la sociedad, ya que no podrá ser mediante mando, ya que los actores sociales clave ya no se sujetan incondicionalmente al gobierno ni puede ser forzado a entregar sus recursos sin estipulaciones.

La gobernanza supone una nueva posición de los poderes públicos en los procesos de gobierno, la adopción de nuevas funciones y la utilización de nuevos instrumentos de gobierno y representa un paso a un gobierno más asociativo y coordinador de la acción colectiva de naturaleza colaboradora. Solo así se podrá mejorar la atención de los problemas públicos y evitar acciones de hecho de las comunidades.