Desconfianza jurídica Vs crecimiento económico

Por Jorge Sprockel Mendoza

Así como la economía es la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, haciendo posible que un país crezca económicamente y logre un desarrollo económico cuando hoy equitativa participación social de sus recursos; el derecho es un conjunto de normas jurídicas emanadas del Congreso Nacional, que aplicada responsablemente y con equidad, conserva el orden social impidiendo que se cometan abusos, atropellos y delitos de diversas naturalezas como los que estamos viviendo en Colombia. Sin un ordenamiento jurídico imparcialmente administrado, ningún país puede alcanzar un armónico crecimiento económico; ya que de la confianza que se tenga del aparato jurídico, la inversión de capital es atractiva.

La oportuna, eficaz y confiable justicia de una nación, incide en sus procesos de progreso, ya que el poder judicial tiene como función  primordial velar porque no se infrinjan las leyes preestablecidas y aplicarlas, de manera imparcial, a los ciudadanos que la violen para mantener el equilibrio de la tranquilidad pública. Mientras que el crecimiento económico debe entenderse como la óptima utilización de los factores de producción (tierra, trabajo, capital y dirección) por parte del sector público y/o privado para generar bienes (mercancías y servicios); las leyes deben interpretarse, honestamente aplicadas, como la salvaguardia de los intereses públicos ante los privados para la convivencia ciudadana.

Motivo de permanente controversia, agudizada últimamente, ha sido la acción intervención política de la rama jurisdiccional en el conjunto institucional del Estado y la interacción con los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo), mirada expresamente desde el punto de vista de la prevención y represión del delito.

Es de público conocimiento el cuestionamiento y las acerbas críticas  que se ha visto sometida la justicia, quizás merecida o injustamente. Tal vez con su eficiencia en algunos casos o ineficacia en otros. Todo esto ha traído, como inherente consecuencia, que no se confíe plenamente en la administración de justicia. Que se desestimen las buenas intenciones de algunos funcionarios en su correcto actuar. Que la retribución del derecho conculcado o el establecimiento de la libertad, se considere, paradójicamente, como una clásica injusticia; dando, inclusive, oportunidad al nacimiento de la economía informal, negra, subterránea, no institucionalizada, que desvirtúa la realidad de la economía nacional y regional.

A pesar de que los analistas económicos apuntalan que la falta de capital, tecnología, vías de comunicación, recursos naturales, etc., son causas del subdesarrollo o ausencia del crecimiento económico y desarrollo social de los pueblos; no menos cierto, que para que un país, lo que es válido para una región, logre desarrollarse no es suficiente contar con estos factores, ya que aunque parezca absurdo, el origen y la solución de los problemas económicos, del desarrollo atrasado, no son netamente económicos; sino jurídicos.

La inseguridad y la desconfianza jurídica, axiomáticamente, crean incertidumbre y pánico económico, desestímulo industrial interno y externo e impide la renovación del capital de trabajo, innovación tecnológica y en consecuencia le atraviesa un palo a la rueda de la productividad y provoca periodos de recesión; lo que de contera trae desempleo, inestabilidad social y confusión empresarial e industrial por la contracción de la económica de cualquier país.

Se ha demostrado, en diferentes países, y el nuestro no es la excepción, la estrecha relación entre la protección al derecho de propiedad y el progreso económico. A nadie escapa que la inestabilidad jurídica, un vicio en nuestro medio, implica incertidumbre económica y, por lo tanto, repercute directamente en una menor tasa de inversión, capitalización y, por ende, en un negativo crecimiento económico sostenible.