Desempleos y reformas: laboral y pensional

El desempleo y la corrupción son factores que constituyen peligro social, generadores de violencia y miseria humana, por motivos y razones racionales que las margina e impulsan a la desgracia. Es terrible observar padecimientos de hogares sin medios de subsistencia para alimentarse ni sin poder contener el llanto de niños hambrientos, pidiendo comida.

Quienes no tengan un hogar propio compartido en familia ni dependencia laboral o de servicios fijos o transitorios, están expuestos a múltiples problemas de salud y violencia intrafamiliar, barrial, social y delincuencial. La violencia no se erradica con represiones y hacinamiento carcelario, se apacigua con atenciones, comprensiones, educación, alternativas y condiciones básicas relacionadas con: vivienda, trabajo, seguridad y respeto, para armonizar cordialidad, en convivencia social, comunitaria y laboral.

Donde hay trabajo para devengar remuneración, bien sea con salario jornal u honorarios, hay bienestar y se vive mejor. Para las naciones las ofertas y vinculaciones laborales es un gran negocio. Estabiliza la familia genera ingresos tributarios por conceptos de servicios y consumos, reduce el índice delincuencial, los costos de seguridad, hospitalaciones y hacinamientos carcelarios, fomentando desarrollo y progreso territorial.

Se cocinan reformas laborales y pensionales que de hecho van a generar debates chocantes y protestas públicas por los esquemas que se tejen entre el gobierno, gremios económicos y las centrales obreras. Deben concertarse diferentes formatos de contrataciones, sin desamparar la estabilidad de servicios particulares directos y los salarios mínimos que implementen no tercerizados, contratados a término fijo, indefinido, por horas, días, semanas, diurnas o nocturnas, ordinarias y feriadas, deduciendo salarios, honorarios, pagos de servicios y prestaciones sociales proporcionales.

La propuesta de Fenalco y Andi, por ejemplo, buscan dividir el régimen laboral vigente, imponiendo contrataciones laborales dosificadas, eliminando las horas extras y acabando con las diferencias de días ordinarias y feriados, diurnos y nocturnos, quedando el empleador facultado de fijar el valor del trabajo a quienes los acepten las ofertas y propuestas por necesidad, explotando al trabajador valiéndose y aprovechándose de las necesidades vitales. En la propuesta laboral, piden establecer un salario mínimo diferencial, entre urbano, suburbano y rural, de acuerdo a la clasificación de servicios, a las condiciones y estratificaciones en que viven las personas para contratarlo a bajos precios.

Es decir, entre más pobreza exista, más se abarata el costo laboral.

Si el valor de una hora de salario mínimo en Bogotá lo pagan a $3.500, hoy día, en el Chocó, Putumayo o La Guajira para ponerles un ejemplo interpretativo de la reforma, podrían pagar hasta $2.000, porque hay más necesidades humanas en esos departamentos, que en la capital de la república, violando el derecho de igualdad. El sentido de la reforma, es ajustar el manejo de la legislación laboral, en favor de los empleadores con atribuciones indignas, insípidas y denigrantes, utilizando la miseria humana como fuente de beneficio lucrativo.

Es importante que no se utilicen a las personas como un objeto o elemento de trabajo.

La productividad requiere de tres partes: la fuerza laboral humana, equipos operativos y financiación presupuestal. Así como se asumen responsabilidades compartidas, también podría llegarse a acordar patrones y trabajadores, beneficios equitativos, originados por gestiones de resultados productivos exitosos, compartiendo también pérdidas en malos tiempos. Esto no implicaría interferir como socios ni disolver la organización sindical, pero si participar, en condiciones específicas pre acordadas sobre excedan previstos en productividad promediada.

En la reforma a las pensiones proyecta aumentar la edad de jubilación para hombres a los 65 años y mujeres 62. Eliminar la Prima Media que beneficia a los servidores públicos y rige en Colpensiones y UGPP, determinando un plazo para futuras eliminación, extinción y liquidaciones, a efectos de privatizar el sistema pensional, fortaleciendo los fondos de Porvenir y Protección que los están vaciando con las solicitudes de indemnizaciones sustitutivas de vejez y causa de muerte que se erradicarán, igual que la sustitución pensional pos muerte, si el beneficiario no la solicita dentro de los 10 días, hábiles siguiente, después del registro civil de defunción. Quienes no hayan reclamado las indemnizaciones sustitutivas ahorradas no las pierden del todo, pero se tendrá que conformar que les paguen $50.000 mensuales. Así va quedando la reducción de las pensiones.

En adelante las pensiones no se reconocerán por semanas cotizadas, sino por horas contratadas (70.000 horas de trabajo), para lograr el goce y muy pocos serían los futuros beneficiados, en razón de los montos económicos de cotización acumulando, resulten inferiores a los requeridos por los fondos de pensiones privados, actualmente $200 millones.