El calvario de la maternidad en la cárcel

Las cárceles son un mundo aparte. Allí no aplican las reglas de convivencia de la sociedad, se desarrollan códigos propios que incluso difieren entre penales de la misma ciudad. El problema de hacinamiento es el origen de muchos de los males que aquejan a la población carcelaria. Los centros de reclusión tienen una capacidad para albergar a 80.000 internos y actualmente hay más de 120.000 detenidos, es decir, una sobrepoblación superior a 40.000 personas, lo que representa 50.17 por ciento de hacinamiento.

En las políticas penitenciarias no existen diferencias marcadas entre las circunstancias de prisión de los hombres y las mujeres, por eso de los casos expuestos, todos con preocupaciones valederas, uno de los más alarmantes es la situación de las mujeres embarazadas y aquellas con niños de brazos que deben proveer el cuidado que requieren los recién nacidos.

Unas 35 mujeres en embarazo están en las cárceles cumpliendo una condena o esperando a que se defina su proceso judicial, sin mayores tratos diferenciales como lo amerita el hecho de ser madres gestantes. Si bien se les practica algunos exámenes y reciben atención médica básica, esta no es la requerida para la evolución de su estado.

Durante el embarazo las mujeres sufren cambios físicos y sicológicos, con altos grados de depresión que van incluso hasta después del parto. Esa situación se multiplica cuando se trata de personas privadas de la libertad.

Se debe hacer un llamado de atención para que se desarrollen políticas específicas frente a la población carcelaria femenina. Las diferencias entre hombres y mujeres es un aspecto fundamental a tener en cuenta cuando se implementen las reformas que demanda el sistema penitenciario del país, no solo con las gestantes, también las que están en periodo de lactancia o tienen hijos menores de edad, quienes necesitan programas infantiles que permitan el contacto entre madres e hijos.

El foco del hacinamiento está relacionado con la convivencia de condenados y sindicados en un mismo espacio. El Inpec debería tener bajo su cuidado solamente a quienes cumplen una condena, que son los destinatarios de los programas de resocialización. Los que están a la espera de la definición de su proceso penal, los sindicados, son responsabilidad de las entidades territoriales, por eso las alcaldías y gobernaciones tendrían que ser más activas en la búsqueda de soluciones para el hacinamiento de las cárceles. Resolver solo ese problema permitirá mejorar en gran manera las condiciones de detención de las privadas de la libertad.