El derecho a la impugnación de la sentencia penal

En este país de doctores y legos todo mundo se cree con derecho a interpretar la Constitución y a emitir juicios jurídicos, y puede que así sea porque nadie lo prohíbe, pero las únicas decisiones judiciales que tienen autoridad constitucional son las que emite la Corte Constitucional, máximo órgano de la justicia al que la Constitución le ha confiado, precisamente, la función de ser guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución.

En materia de derechos fundamentales y garantías procesales la Corte Constitucional tiene la última palabra. Podemos estar en desacuerdo con sus decisiones, obvio que sí, pero sus fallos son de obligatorio cumplimiento y debemos acatarlos, no solo por provenir de la institución de más alta jerarquía en materia constitucional, sino porque sus jueces que los emiten son los más calificados profesionalmente hablando, como quiera que para fungir como tales tienen que demostrar amplia formación jurídica y vasta experiencia profesional en el ejercicio del derecho o en la academia, y por eso están allí.

El problema es que en Colombia es deporte nacional cuestionar los fallos judiciales, además de ponerle tinte político para insinuar que son parcializados o que tienen nombre propio –como en el caso del exministro Andrés Felipe Arias– a quien la Corte Constitucional le acaba de reconocer el derecho a impugnar su sentencia condenatoria, proferida en única instancia por la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, simplemente haciendo lo que le correspondía: respetar el debido proceso.

El artículo 29 de la constitución, el fundamento de esta decisión, el cual como parte del debido proceso garantiza el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, norma que a su vez se deriva del art. 8 núm. 2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” que tiene a su favor –como garantía judicial– toda persona condenada.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” fue aprobada por la ley 16 de 1992 y de conformidad con el art. 93 de la Constitución Nacional hace parte del bloque de constitucionalidad, es decir, se entiende como parte de la legislación interna de Colombia.

El art. 11 de la Declaración de los Derechos humanos dice que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Esta secuencia de normas que precedían al proceso contra el exministro Arias, consagraban el Debido proceso tanto en la legislación internacional como en la interna de Colombia, y le aseguraban todas las garantías necesarias para su defensa, entre ellas obviamente el derecho a que pudiera su sentencia impugnar.

La Corte Constitucional no cuestiona la legitimidad de la sentencia condenatoria contra Arias, pues acepta que el proceso se tramitó conforme a las reglas procesales internas vigentes, por ello no se pronuncia sobre los hechos, las pruebas y el derecho aplicable supuestos de la condena, lo que dice es que como parte del Debido proceso consagrado en el art. 29 de la Constitución y en el ordenamiento jurídico internacional sobre derechos humanos (bloque de constitucionalidad), le asiste al exministro Arias el derecho a impugnar su sentencia.

En nuestro ordenamiento jurídico se habla de “doble conformidad” a partir de la construcción jurisprudencial que ha hecho la misma Corte Constitucional (sentencia C-792 de 2014), que en la práctica se traduce en la vía procesal para garantizar la impugnación que procede de conformidad con el art. 29 C.N., porque técnicamente no procede la doble instancia por haber sido un proceso tramitado como de única, luego ha de entenderse que para aquel fin (la doble conformidad) esta (la impugnación) es el medio o el instrumento constitucional procesal, respetando así el orden jurídico internacional vigente.

En últimas, para los efectos procesales de lo que se persigue, es decir, que la sentencia impugnada sea reexaminada por otro cuerpo de jueces de la misma Corte Suprema, impugnar o autorizar la “doble conformidad” de la sentencia, es lo mismo y tendrá que cumplirse lo ordenado por la Corte Constitucional como ya salió a decirlo la Corte Suprema de Justicia, por respeto al orden institucional.

La doble instancia o principio de “doble conformidad” ciertamente que se constituye así en una garantía procesal obligatoria en un estado social derecho como el nuestro para evitar el error o abuso de autoridad del juez.